Fernández, quien fue el orador de cierre, definió a la abogacía pública como «una adecuada herramienta para el servicio de la ciudadanía». Y se congratuló, también, por el rol de los letrados con «vocación de servicio» en defensa de los intereses del Estado.
Por su parte, el procurador consideró: «Tenemos un difícil cliente pero el mejor porque evoca a toda la ciudadanía ya que no estamos representando a un Gobierno sino a un Estado y por eso necesitamos a los mejores abogados».
Da Rocha repasólos temas de agenda del organismo y agregó que «la función administrativa debe favorecer los derechos humanos, el buen gobierno y la democracia».
Asimismo, Fernández y da Rocha agradecieron la presencia de las delegaciones extranjeros y bregaron continuar el trabajo en conjunto con los organismos judiciales públicos del bloque Mercosur.
El Congreso fue organizado por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación y se desarrolló desde el lunes hasta hoy en el Hotel Panamericano con la presencia de 2500 abogados de todo el país e invitados extranjeros.
Durante el seminario expusieron 48 disertantes en 15 paneles de debate sobre el rol de la abogacía pública, su relación con la organización e integración estatal y sus desafíos en la región; la Justicia del Mercosur; y el derecho administrativo en el plano internacional en el marco de las causas judiciales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entre otros temas.
Estuvieron presentes para analizar esos temas Luiz Inacio Lucena Adams, abogado general de Brasil; los titulares de la AFIP y la Sigen, Ricardo Echegaray y Daniel Reposo, respectivamente; los subprocuradores del Tesoro, Horacio Diez y María Victoria Pifarré, directores de la Procuración y jueces de distintos fueros como los camaristas Pablo Gallegos Fedriani, Eduardo Freiler y Pedro Coviello.
Además expusieron: Alberto Bianchi, doctor en derecho y profesor de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado; José Casás, juez del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires; Rodolfo Díaz y Rubén Citara, ex procuradores del Tesoro de la Nación; Aldo Travi, profesor de la Univsersitá Cattólica del Sacro Cuore, Italia; Francois Julien Laferriere, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Paris; y Luis Martí Mingarro, profesor de derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.
Oipol & Oijust 
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