| Diputados y académicos reclamaron por la inexistencia de un programa diseñado específicamente para alejar a los jóvenes de la violencia y de las organizaciones delictivas.
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Por Alejandro Salmón –Chihuahua, México, 12 nov. Agencia Infancia Hoy.— Alejandro Domínguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y Alba Melania Almazán, secretaria de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso del Estado, señalaron que no hay un programa para facilitar el acceso a la educación y a la capacitación para el trabajo para los jóvenes habitantes de zonas marginadas de Juárez.
Ambos legisladores coincidieron en que la falta de espacios educativos y de oportunidades de formación han empujado a miles de jóvenes a engrosar las filas de la delincuencia, tanto común como organizada.
La legisladora Almazán, del Partido Verde Ecologista de México, señaló que cientos de familias se vieron en la disyuntiva de dar de comer a sus hijos o mandarlos a la escuela.
“Mientras esos jóvenes eran rechazados de las escuelas o se quedaban sin trabajo, ahí estaba el crimen organizado esperándolos para incorporarlos a sus filas”, dijo la diputada juarense.
Alejandro Domínguez anunció que en el análisis y aprobación del próximo presupuesto de egresos del Estado, pedirá que se incorpore un programa de capacitación para el trabajo en las colonias periféricas de Juárez.
“Se trata de reimpulsar las escuelas de oficios, que en las colonias populares de Chihuahua y de Juárez vayamos con el dueño del taller o con el carpintero, le paguemos una renta y unos honorarios como capacitador y que ahí forme a los jóvenes en un oficio”, dijo Domínguez.
“Tenemos qué buscar un trabajo integral para incorporar a todos aquellos que no tienen posibilidad de ir a la escuela”, agregó.
Alba Almazán comentó que al inicio de su gestión como diputada se acercó a la Fiscalía General del Estado para ver qué programas tenían para prevenir la delincuencia entre los jóvenes, y no encontró uno en específico.
“La situación que pasamos en Ciudad Juárez es de veras preocupante, porque los jóvenes se acercan a la delincuencia por falta de oportunidades y no vi ningún programa para acercarlos al estudio, la alimentación o el trabajo”, dijo.
A su vez, el académico Víctor Quintana Silveyra afirmó que Juárez está inmerso en un proceso de “juvenicidio” porque la mayoría de las víctimas del delito son menores de edad o adultos muy jóvenes.
El investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez lamentó que se haya creado “una súper fiscalía” y no “una súper secretaría de desarrollo social, que le de programas de formación y de acceso a la educación a los jóvenes”.
Urgen cambio de estrategias
Un total de 164 organizaciones ciudadanas entregaron a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados una serie de propuestas en las que se destaca la exigencia de replantear la política de combate a la delincuencia organizada, ya que hasta el momento ha resultado deficiente y limitada, además de establecer en lo inmediato los mecanismos de actuación de las Fuerzas Armadas.
Orlando Camacho, del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana desglosó que las organizaciones buscan que se establezca un Fondo de Mitigación de los Efectos Sociales de la violencia; así como establecer mecanismos para la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada, entre los que deben incluirse el sujetarse en todo momento al mando civil. (Con información de Martha Elba Figueroa)
Al mismo tiempo, instan a establecer un esquema de controles democráticos que involucren la supervisión expedita del Congreso de la Unión sobre los resultados de la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada.
En ese sentido, piden garantizar la planeación, ejercicio, evaluación, y el financiamiento de la nueva agenda social con base a los principios de derechos humanos de progresividad.
Dentro del Sistema de Procuración de Justicia, las organizaciones proponen incrementar la capacidad de investigación y procuración de justicia, y no centrarse en el despliegue territorial de la fuerza pública.
Igualmente, enfatizar la garantía de los derechos humanos y la satisfacción de necesidades específicas y de las poblaciones objetivo y los grupos sociales en situación de riesgo, afectación o vulnerabilidad.
Además, piden establecer mecanismos institucionales que incrementen la confianza y la certeza en el acceso a la justicia, las garantías al debido proceso y la protección de las víctimas con perspectiva de derechos humanos.
Plantean establecer condiciones para garantizar la correcta implementación de la reforma del nuevo Sistema Penal, aparte de incrementar la capacidad de la policía de investigación, tanto en número de agentes como en su capacitación y equipamiento de inteligencia en la etapa de implementación de la reforma.
Fortalecer, explica el documento, la institución del Ministerio Público para concederle incremento gradual de autonomía de gestión y presupuestaria, con rendición de cuentas permanente para garantizar la eficiencia y transparencia de su actuación.
Dentro de la reforma de la policía, se pide sustituir el concepto de seguridad pública estrecho por el de seguridad ciudadana amplio, a fin de establecer mecanismos de presencia y control ciudadanos sobre las instituciones y policías para que su funcionamiento se apegue a los principios que caracterizan a las instituciones democráticas, como transparencia, rendición de cuentas y reducción de la discrecionalidad.
Para el sistema penitenciario, sostienen, se debe fomentar una concepción del derecho penal de última razón, es decir formular mecanismos para racionalizar el uso de la prisión preventiva y crear contrapesos institucionales y ciudadanos frente a la administración penitenciaria.
Al respecto, el presidente de la instancia legislativa, José Luis Ovando Patrón aseguró que, de inicio, “estamos juntos en esto y estamos seguros que mientras más participación ciudadana exista, entre más vigilancia y fiscalización y por lo tanto rendición de cuentas haya, seguramente tendremos mejores instituciones en materia de seguridad pública”.
(Infancia Hoy)
Oipol & Oijust 
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