Las maniobras de lavado constituyen delito, se sepa o no el origen de los activos ilícitos. El Ministerio de Justicia advirtió en un comunicado las implicaciones del fallo del juez federal Norberto Oyarbide, quien afirmó que del delito de lavado de activos admite su comisión aún sin conocimiento pleno del crimen subyacente, y dictó el procesamiento de un empresario por presunto blanqueo.
La declaración indagatoria del empresario Ibar Esteban Pérez Corradi había sido requerida por la Unidad de Información Financiera (UIF), a raíz de su presunta responsabilidad en el blanqueo de fondos provenientes de la comercialización de medicamentos adulterados.
La figura penal de lavado “requiere la sospecha por parte de quien comete el delito, del origen ilícito de los activos”, sin que haga falta que el autor de ese ilícito tenga un “conocimiento pormenorizado de las circunstancias” concernientes al origen ilegal de los fondos, escribió Oyarbide en su resolución.
El magistrado conduce el proceso penal por la denominada “mafia de los medicamentos” y admitió la actuación de la UIF como parte querellante en dos causas conexas al expediente principal que fueron abiertas para investigar operaciones de lavado de dinero.
En ese contexto, la Unidad que preside el economista José Sbattella solicitó en septiembre pasado la declaración indagatoria de Pérez Corradi, detenido en Argentina por requerimiento de Estados Unidos, que promovió un juicio para su extradición con base en cargos por supuesto tráfico de analgésicos.
La UIF también pidió al juez que ordenara la inhibición general y el embargo preventivo de los bienes del empresario a los fines de asegurar que, oportunamente, la Justicia pudiera proceder al decomiso.
Estas medidas fueron dispuestas al momento del llamado a declaración indagatoria.
Una cuenta de la que Pérez Corradi es titular, abierta en el Banco Privado de Inversiones (BPI), recibió en 2008 numerosos cheques por más de 400 mil pesos, librados mayoritariamente por la empresa Multipharma S.A y por la obra social bancaria, extendidos a favor de la Droguería San Javier SA y endosados al ahora procesado por su presidente, Néstor Lorenzo, quien cumple prisión preventiva como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al comercio de medicamentos adulterados.
Los fondos acreditados mediante los cheques que ingresaban a la cuenta de Pérez Corradi en el BPI eran extraídos de inmediato, en efectivo.
En esta modalidad –depósito de cheques de terceros y cobro posterior del dinero- se agotaba, al parecer, toda la actividad bancaria del empresario.
Patrocinado por el abogado Claudio Castelli, Sbattella solicitó una serie de medidas en orden a establecer la responsabilidad de Pérez Corradi, por entender que existen indicios suficientes sobre su participación en las maniobras financieras asociadas a las actividades de la llamada “mafia de los medicamentos”.
Fuente Presidencia de Argentina.
Oipol & Oijust 
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