Por Luján Frank Maraschio.- Es público que la libertad de expresión y de prensa se viene deteriorando desde hace décadas en Latinoamérica. El conflicto de la prensa con el poder, no sólo el político, también el económico, con el poder que ejerce el narcotráfico y las bandas criminales. Esto, en muchos países de la región ha entrado en un camino muy difícil. El trabajo de los comunicadores críticos e independientes se ve subordinado a la intimidación, insultos, hostigamiento legal, como además francos perjuicios económicos y personales.
Particularmente en Argentina, la libertad de expresión y prensa, ingresó en un estado extremo de quebranto. La Sociedad Interamericana de Prensa señalaba esta situación en abril y la Deutsche Welle titulaba el 23 de ese mes: “La SIP denuncia deterioro de la libertad de prensa en Argentina”. Por otro lado, el diario argentino La Nación decía el 27 del mismo mes: “La libertad de prensa en riesgo”.
Los hechos de violencia en contra de los hombres que trabajan en los medios de comunicación social aumentan cada día, la profesión se está convirtiendo en una labor cada vez más riesgosa. Desde el crimen de José Luis Cabezas, en enero del 1997, la situación en el ámbito relacionada con la expresión se hace cada minuto más violento.
La intimidación, corrupción generalizada, la escalada de la inseguridad, el narcotráfico y las bandas criminales terminan oprimiendo al Estado de Derecho.
Las estrategias, por más liberadoras que sean, de algunos gobiernos, de un lado y de otro, políticamente hablando, deben ser tratadas dentro el ámbito, relacionado con el respeto a las leyes.
Por otro lado,últimamente, existe una cuestión bien clara, la seguridad pública es un derecho básico de los ciudadanos y que el Estado tiene la obligación de garantizar, del sector partidario político al que pertenezca.
Justamente, debido al crecimiento exponencial de los delitos, tomamos la decisión dentro de LFM Diffusion, salir a tomar la impresión de los ciudadanos, donde la incidencia es mayor. El Gran Buenos Aires (Argentina), es el ejido urbano donde se presentan el más elevado número de hechos delictivos, lugar donde se instalaron “cocinas”, donde se procesa la droga y en sus calles se vende de todo lo que se pueda imaginar. Existe venta de artículos que no pagan impuestos, fabricados en talleres clandestinos, robados, contrabandeados, sin ningún control estatal y, todo, en medio del accionar de los grupos criminales.
Seguramente seremos un número más, para el poder político de hoy en Argentina, como ciudadanos y como profesionales. Con una gran base en la esperanza, para que la trama de este filme se revierta, hago público mi repudio por el ataque que sufrió la gente que me acompañaba en una misión de trabajo el día sábado 8 de septiembre, en la localidad de Monte Grande, Partido de Estaban Echeverría, en el Gran Buenos Aires, Argentina.
Cabe recordar que, ese día nos encontrábamos haciendo un relevamiento de opinión en propio campo, sobre el agravamiento del tema inseguridad en ese país.
Ese sábado, en el derrotero de trabajo, ingresamos a una galería comercial en pleno centro de la Ciudad cabecera de esa región, de acceso público, llamada “Paseo Alem Monte Grande”, cuando un grupo de personas, incómodas con nuestra presencia, tal vez por sus circunstancias personales, en ese momento, pretendieron despojarnos de nuestros equipos de trabajo y la grabación que habíamos elaborado. En el episodio, sufrimos agresiones físicas y grabes injurias.
Por este problema, solicitamos el auxilio de las fuerzas policiales. Estas, lejos de solucionar la cuestión terminaron agravando el asunto, con su incompetencia puesta de manifiesto en el procedimiento en la vía pública. Luego, en la dependencia de seguridad, llamada «comisaría», tuvimos que atravesar otra situación degradante, como trabajadores al servicio de la ética, la verdad y la justicia.
Una vez en la “Comisaría nº 1 de Monte Grande”, fuimos sometidos, nuevamente, a injurias, juicios de valor sobre nuestras situaciones personales y nuestra labor profesional por un oficial, que él mismo se identificó, como Cristian González. Es preciso indicar que, el empleado de la Policía bonaerense, estaba acompañado por otros miembros de esa fuerza de seguridad, que no pudimos saber sus nombres, y por el Subcomisario Sergio Sandoval, así dijo llamarse.
Cristian González, aparentemente con el cargo de oficial, en un claro accionar opresor, que se debería investigar, nos propuso borrar la grabación elaborada ese día, cosa que rechazamos rotundamente y eso nos costó estar un tiempo más presos. Es procedente informar que, el mismo empleado, de la «Administración de Justicia» de la Provincia de Buenos Aires, lanzó, en todo momento, intimidaciones sobre nuestros destinos personales. Además de mantenernos incomunicados durante aproximadamente dos horas, dentro en un sector con un vigía armado, que no permitía ni ir al baño, desestimó nuestros propósitos de efectuar una denuncia hacia el grupo de personas que llevaron acabo la agresión callejera.
Finalmente, solicito a los jefes del Gobierno del Estado Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, por este medio, ya que es imposible llegar de otro modo: protección personal para los integrantes de esta organización periodística y que investiguen profundamente el hecho que cometieron los integrantes nombrados, miembros en actividad de la Bonaerense.
Material del informe sobre inseguridad en Argentina
Oipol & Oijust 