Nueva York, EE.UU.- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala consideró sin fundamento el planteamiento de inconstitucionalidad presentado contra el decreto del Congreso de la República que aprobó el acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país (CICIG).
El planteamiento fue presentado por el abogado Gabriel Orellana Rojas, quien fuera canciller del ex presidente Alfonso Portillo, acusado de desvío de fondos durante su mandato.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal guatemalteco, examinó el caso y concluyó que la acción de inconstitucionalidad no contenía argumentos que evidenciaran la contravención constitucional.
El argumento de Orellana Rojas era que la renovación del mandato de la CICIG debería ser aprobado por el Congreso de la República; sin embargo, el documento de establecimiento aprobado por el Congreso la primera vez estipula que para renovar dicho mandato basta un acuerdo entre el presidente de Guatemala y el Secretario General de la ONU.
Es procedente señalar que la versión, traducida al idioma español, fue distribuida el día 29 de octubre por Naciones Unidas.
Oipol & Oijust 
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