Veterano del ejército estadunidense condenado por múltiples delitos 


 Investigando la tortura: la investigación del FBI y HSI conducen a la condena de un ciudadano estadounidense por violaciones de derechos humanos en Irak. 

Creador de una fábrica ilegal de armas en el extranjero condenado por tortura y otros delitos. 

Oipol & Oijust operando en el mundo | FBI / HSI comunicación y fotos | Cooperación, traducción y edición Oipol & Oijust – Un veterano del ejército estadounidense que estableció una instalación de armas ilegales, en la región del Kurdistán de  Irak, procediendo a dirigir, como además participar en la tortura de uno de sus empleados, ha sido sentenciado a 70 años de prisión federal por esos delitos y por delitos adicionales vinculado a su función en la instalación. 

Ross Roggio de Stroudsburg, Pensilvania, ordenó a soldados kurdos secuestrar a un empleado y mantenerlo como rehén en uno de sus complejos militares durante 39 días. Allí, Roggio y el personal militar kurdo, bajo su mando corrupto, abusaron física y mentalmente de la víctima. 

El damnificado era un ciudadano estonio que trabajaba en la fábrica, pero que planeaba denunciar las actividades ilegales que se desarrollaban allí, explicó la agente especial supervisora Crystal Stevens, de la Unidad de Derechos Humanos Internacionales del FBI. En respuesta, Roggio no sólo dirigió el secuestro y el abuso de la víctima, sino que también obligó a sus compañeros de trabajo a observar el abuso como una táctica disuasoria. 

Los abusos salieron a la luz, por primera vez, en medio de un caso preexistente contra Roggio. Después que los investigadores terminaron de entrevistar a una ex empleada de una fábrica, una mujer de Estonia que entregó una grabación de audio de Roggio, en donde  se utilizó un teléfono celular aplicado en una sesión por tortura. 

Luego, los agentes trabajaron con sus agencias, así como con socios federales e internacionales, para localizar a ex empleados, en caso de que fueran testigos o fueran víctimas de tortura por parte de Roggio y/o sus compinches de hechos corruptos. Los esfuerzos y las consiguientes entrevistas forenses fueron éxitosas, dice el informe del FBI. 

La víctima de la tortura se presentó y escucho los relatos y tanto esta como los testigos acordaron viajar a los Estados Unidos para alegar contra Roggio en un tribunal federal. 

El 15 de abril de 2024, Roggio se convirtió en la segunda persona condenada en virtud del estatuto de tortura de Estados Unidos, desde que entró en vigor en 1994.  

El caso fue investigado conjuntamente por la Oficina de Campo del FBI en Filadelfia y Investigaciones de Seguridad Nacional (que se unieron a la investigación en 2017) con el apoyo de socios estatales, federales e internacionales. 

El caso de la contraproliferación 

El FBI comenzó a investigar a Roggio por posibles delitos con armas en 2016. 

Roggio asistió a la escuela secundaria en Pensilvania antes de unirse al ejército estadounidense. 

«Sus registros militares tienden a mostrar muchos problemas disciplinarios y cuestiones legales menores, a través del Código Uniforme de Justicia Militar», señaló el investigador O’Donnell. 

Después de dejar el ejército, Roggio instaló una armería cerca de Fort Liberty, Carolina del Norte, sede del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, donde fabricó y vendió armas de fuego.  

Roggio vivió a asistir a la iglesia en la zona. Uno de los amigos de la iglesia de Roggio, que resultó ser un soldado de las fuerzas especiales estadounidenses, le presentó a un amigo que se hizo, en circunstancia en servía en Irak. Este nuevo conocido, miembro de una familia gobernante dentro del Kurdistán, esperaba que él y Roggio pudieran trabajar juntos, para establecer una fábrica de armas en Irak que hiciera armamento de fuego, del estilo M4 y Glock. 

El hombre dijo que quería que Roggio estableciera las instalaciones de acuerdo con las normas y reglamentos aplicables. A los ciudadanos estadounidenses se les permite establecer este tipo de negocios, siempre que sigan la ley al pie de la letra al hacerlo, explicó el agente de Investigaciones de Seguridad Nacional, Jeff Burke, compañero de O’Donnell en  la investigacion. 

Pero Roggio no cumplió y las conexiones políticas de su socio comercial esencialmente le otorgaron inmunidad dentro del Kurdistán. 

“En un momento, llamé a nuestro agregado legal adjunto en el extranjero, en Irak, y mencioné el nombre de la familia, los talibanes”, recordó O’Donnell, “y el agregado legal adjunto me dijo: ‘¿Te das cuenta de que la gente que [de la cual] estás preguntando? … Uno es el equivalente al director del FBI y el otro es el equivalente al director de la CIA. 

“Roggio simplemente tenía las conexiones adecuadas porque le resultaban familiares. Esa familia controlaba esa zona y estaba en una zona de guerra”. 

La investigación condujo a la acusación y el arresto de Roggio por cargos relacionados con la contraproliferación en 2018. Luego recibió la libertad previa al juicio. 

Buscando víctimas y testigos 

Mientras tanto, el investigador O’Donnell y Burke continuaron su labor; creían que las entrevistas con los antiguos empleados de Roggio (en su mayoría estonios, pero también otros europeos que habían sido seleccionados personalmente por su asistente especial) podrían ayudar a fortalecer el caso y ese presentimiento resultó ser correcto. 

Cuando el dúo de la investigación se enteró de que una ex empleada de Roggio, ciudadana estonia, estaba programada para viajar a través del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, trabajaron con el Servicio de Seguridad Interna de Estonia para entrevistarla sobre su experiencia con Roggio. La mujer resultó ser la primera empleada internacional de la planta de armas de Roggio. Compartió suficiente información con O’Donnell y Burke, para justificar un viaje a Estonia con el fin de realizar una entrevista más profunda con la mujer testigo, en un entorno más amigable. 

Los investigadores esperaban que la entrevista con la mujer de Estónia pudiera ayudarles a dar los toques finales a sus indagaciones contra la proliferación, pero ese viaje produjo más que una simple conversación de seguimiento. 

También les dio a los investigadores la oportunidad de conocer a un segundo ex empleado de la fábrica de armas, quien los sorprendió con una grabación de un teléfono celular de hace seis años que reveló otra acción de Roggio, amenazando con torturarlo, confesando ese y otros crímenes, incluso hablando del motivo. 

Esta fue la primera vez que escucharon acusaciones de tortura relacionadas con Roggio. 

Después de entrevistar a estos y otros ex empleados, los investigadores regresaron a los Estados Unidos con un caso, después de haber identificado un objetivo nuevo y urgente: buscar orientación y experiencia de la Unidad Internacional de Derechos Humanos del FBI para conseguir un posible procesamiento por crímenes de violaciones de tortura. 

El FBI es responsable de investigar la tortura, si la víctima es una persona estadounidense, o si el perpetrador es una persona estadounidense o si se encuentra físicamente dentro de las fronteras del país. Esta jurisdicción proviene de 18 USC, Sección 2340A. 

Los agentes investigadores sabían que tenían que actuar con rapidez y cuidado. 

La cuidadosa colaboración entre el equipo del caso, la Unidad de Derechos Humanos Internacionales del FBI (parte de la División de Investigación Criminal), los proveedores federales de servicios a las víctimas, múltiples agregados legales del FBI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los socios encargados de hacer cumplir la ley en Estonia permitieron al equipo del caso viajar a ese país, con el objetivo de realizar entrevistas forenses con los testigos. 

Los investigadores obtuvieron luz verde para realizar un viaje conjunto con los fiscales del Departamento de Justicia con el fin de explorar el asunto de la tortura con gran detalle. El equipo de investigación aprovechó los recursos y conexiones de sus agencias, así como las asociaciones internacionales, para localizar y entrevistar a varios ex empleados de Roggio que pudieron haber presenciado o sido víctimas de tortura. 

Jacqueline Goldstein, entrevistadora forense, supervisora de niños y adolescentes del FBI, quién, en ese momento desempeñaba un papel similar en HSI, ayudó a garantizar que estas conversaciones fueran conscientes del trauma que las experiencias de estas personas con Roggio podrían haberles dejado, aunque aún fueran admisibles en el tribunal y pudieran apoyar las necesidades de investigación. 

«Está diseñado para pasar el escrutinio judicial», expresó “Por lo tanto, no es ni introductorio ni sugestivo. Pero también está informado sobre el trauma, de modo que el proceso de entrevista de investigación se adapta de manera única a las necesidades clínicas, cognitivas y de desarrollo de ese individuo y no estamos creando un trauma adicional en ese proceso de investigación”, señaló Goldstein. 

En agosto de 2021, los investigadores finalmente pudieron entrevistar a la víctima de Roggio: un hombre que había estado en cautiverio y sometido a tortura física y mental (incluyendo palizas físicas y asfixia) durante más de un mes. 

«Tenía recuerdos muy vívidos», dijo el investigador O’Donnell. “Algunas personas tacharon todo. Este hombre recordó cada detalle de mucho de lo que pasó”, agregó. 

Las autoridades también capturaron declaraciones de un grupo más amplio de ex empleados que se habían visto obligados a presenciar la brutalidad de Roggio contra la víctima en cuestión. También convencieron a los testigos de viajar a Estados Unidos para testificar contra Roggio en un tribunal federal. 

Como resultado de estos esfuerzos, un gran jurado federal emitió una acusación formal sustitutiva en 2022, que agregó un cargo de tortura y un cargo de conspiración para cometer tortura, a la ya larga lista de presuntos delitos de Roggio, y fue arrestado nuevamente. 

«Tuvimos cuatro testigos presenciales y la propia víctima de la tortura, además de la grabación en la que Roggio [donde] se jactaba de ello», indicó Thomas O’Donnell, agente especial, FBI Filadelfia 

Una sentencia de 70 años 

La combinación de la grabación de audio, los relatos de primera mano de las víctimas y los testigos jugaron un papel fundamental a la hora de obtener la condena. 

«Tuvimos cuatro testigos que observaron y la própia víctima de la tortura, además de la grabación en la que Roggio se jactaba de ello», dijo el agente O’Donnell. 

Por otro lado, dijeron los investigadores, el comportamiento de Roggio en la sala del tribunal (incluido admitir todas sus supuestas fechorías y burlarse de la reacción de la víctima de la tortura ante los abusos) tampoco ayudó en su caso. «Él decía cosas y el jurado jadeaba audiblemente, como si fuera un grupo», recordó  el agente Burke. 

En 2023, Roggio fue condenado por los 33 cargos que finalmente enfrentó: 

  • Un cargo de tortura, por abusar de su ex empleada. 
  • Un cargo de conspiración para cometer tortura, por ordenar a los soldados kurdos para que secuestraran y torturaran de otro modo al ex empleado. 
  • Otros 31 cargos estaban relacionados con su exportación ilegal de piezas de armas, herramientas de armas y servicios de defensa de Estados Unidos a Irak. 

«La tortura es uno de los delitos graves que investiga el FBI y esta es la segunda vez que hemos podido hacer justicia bajo el estatuto federal de tortura», dijo el subdirector ejecutivo Timothy Langan, de la División de Servicios Penales, Cibernéticos, de Respuesta y de Servicios del FBI, en un «Comunicado del Departamento de Justicia sobre la sentencia» . “Nuestra investigación sobre los abominables crímenes de Roggio y la sentencia de hoy no serían posibles sin el coraje de la víctima para contar su historia. El FBI y nuestros socios internacionales apoyan a las víctimas al enfrentar las violaciones de derechos humanos dondequiera que ocurran”.  

Denunciar la tortura al FBI 

El público puede enviar sugerencias sobre tortura y/u otras violaciones de derechos humanos al FBI llamando al 1-800-CALL-FBI (225-5324) o visitando tips.fbi.gov . Las sugerencias pueden enviarse de forma anónima. 

También es posible comunicarse con la oficina local del FBI o la oficina del agregado legal más cercana, si se encuentra en el extranjero. También es posible comunicarse con la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano. 

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