Argentina investiga crímenes de lesa humanidad del narcoestado venezolano

El Ministerio Público Fiscal solicitó a la Cámara Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que se ordene el llamado a indagatoria del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad en ese país

El fiscal general José Agüero Iturbe y el fiscal federal Carlos Stornelli expusieron en una audiencia los motivos de la requisitoria

Oipol & Oijust Operación Global | Procuración General de la Nación Argentina, Ministerio Público Fiscal, Septiembre 18 de 2024 | Cooperación y edición, Septiembre 19 de 2024 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – En un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina se informó que se formalizó una petición, que se dió en el marco de un proceso impulsado en Argentina, en virtud del principio de jurisdicción universal para investigar de forma subsidiaria crímenes de lesa humanidad en otros países. En el caso hay unos treinta imputados por hechos criminales cometidos de forma generalizada contra la población civil, al menos desde 2014.

El fiscal general argentino ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, José Agüero Iturbe, y el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Carlos Stornelli, solicitaron el día 17 de septiembre de 2024, oralmente, a la sala I de la Cámara Federal de la capital de Argentina  (Ciudad Autónoma de Buenos Aires – CABA) que ordene al juez de primera instancia, Sebastián Ramos, el llamado a declaración indagatoria del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cómo también de otros treinta imputados, entre militares y agentes de inteligencia de ese país (Venezuela). Este requerimiento está fundado en supuestos crímenes de lesa humanidad, cometidos de forma generalizada en el territorio venezolano, contra la población civil desde al menos 2014, en el marco de una causa abierta en Argentina en virtud del Principio de Jurisdicción Universal, que forma parte del orden constitucional argentino y que permite la persecución subsidiaria de ese tipo de crímenes «contra el derecho de gentes», cometidos en otros países.

Los fiscales argentinos expusieron  ante los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, en la instancia de tratamiento de un recurso de queja interpuesto por la querella, conformada por organizaciones de la sociedad civil y por ciudadanos venezolanos, al que adhirió el Ministerio Público Fiscal (MPF), contra la decisión del juez Ramos de separar y mandar a sorteo algunos hechos denunciados (ocurridos durante y después de las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela el 28 de Julio de 2024) y para que se dispongan los llamados a declaración indagatoria de las personas imputadas.

En este caso la sala I de la Cámara Federal declaró en el año 2024 corresponde a los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la asunción de la jurisdicción universal y, en consecuencia, la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de Argentina para el juzgamiento de los hechos. Los camaristas Bertuzzi, Bruglia y Llorens tomaron esa decisión cuando llegó a su conocimiento el recurso de las partes acusadoras, contra la decisión del juez Ramos, del día 29 de febrero de 2023, de inhibirse en favor de la Corte Penal Internacional para que ese tribunal, creado por el Estatuto de Roma y que tiene sede en La Haya, Países Bajos, lleve adelante el proceso.

“Sinnúmero de atentados a los derechos humanos”

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 (Argentina), en la causa se investiga «la responsabilidad de las máximas autoridades gubernamentales de la República Bolivariana de Venezuela, de las fuerzas de seguridad y armadas, en un sinnúmero de atentados a los derechos humanos de personas opositoras al régimen gubernamental o percibidas como opositoras», en el contexto «de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, desde al menos el año 2014». Entre los hechos investigados, la fiscalía enumeró los siguientes:

Ejecuciones extrajudiciales, en el marco de represión de protestas pacíficas, practicadas primordialmente por organismos como la Guardia Nacional Bolivariana (G.N.B.).

Detenciones arbitrarias de opositores, entre ellos dirigentes, periodistas, estudiantes, manifestantes o personas que se hubieran manifestado en redes sociales, por cargos de terrorismo, traición a la patria, homicidio en grado de frustración y magnicidio, sedición, todas supuestas operaciones conspirativas contra el gobierno o el Presidente. En el comunicado oficial del día 18 de Septiembre de 2024 se expresa que: «para esto, el régimen cuenta con la complicidad del sistema de justicia que convalida detenciones [y] posteriormente procesa sin pruebas, inventando causas», esto fué atribuído a la fiscalía federal argentina.

El informe de la Administración de Justicia indica también que se investigan desapariciones forzadas practicadas primordialmente por organismos de inteligencia, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) cómo así también la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que tuvieron como objetivos a personal militar supuestamente opositor, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes practicados por organismos estatales.

La Fiscalía Federal N°4 de Argentina informó que: entre los elementos de prueba que permiten sostener esas imputaciones «se han recopilado informes elaborados por organismos internacionales de altísima jerarquía, cómo también organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria, [así como] documentación obrante en expedientes judiciales, [además] se han oído declaraciones testimoniales, tanto de víctimas directas del régimen y de familiares de aquéllas», anticipando que «hay también programadas otras declaraciones testimoniales de encumbrados expertos e instituciones».

En tal sentido, puso de relieve la «prístina claridad» que surge de los cuatro informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 42/25.

La fiscalía señaló que en los informes A/HRC/45/33, del 2020; A/HRC/48/69, del 2021; A/HRC/51/43, del 2022, y A/HRC/54/57, del 2023, «la Misión ha llegado a contundentes conclusiones luego de haber mantenido entrevistas con víctimas, familias, abogados y testigos con conocimiento directo de los incidentes; con ex funcionarios del Gobierno, la policía, los servicios de inteligencia, el ejército y otras personas con conocimiento directo de instituciones o casos específicos. Los que se cuentan además miembros y ex miembros de la judicatura; e inclusive con miembros de las fuerzas de seguridad en servicio activo; luego también de haber accedido y analizado, información digital certificada (videos, imágenes obtenidas por satélite, fotos o contenido de medios sociales), declaraciones públicas de representantes del Gobierno, así como leyes, políticas y directivas venezolanas».

El caso judicial argentino, indicó la fiscalía, se inició con el impulso de la acción respecto de «los padecimientos de sólo algunas víctimas concretas, sobre las cuales se ha desatado en diferentes formas el aparato represivo de las fuerzas armadas, de seguridad y de inteligencia bolivarianas». Ese objeto luego fue ampliado a dos casos de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes ocurridas el 19 de febrero de 2023, en Caracas y en Carabobo; la desaparición forzada durante varios días de una familia;  «varios casos individuales de personas que fueron detenidas arbitrariamente y sometida a torturas» en diferentes dependencias, entre ellas la conocida como «Helicoide», que es una cárcel del SEBIN.