Oipol & Oijust Unidad de Investigación Criminal Institucional, octubre 15 de 2025 | Departamento de Estado de Estados Unidos, documento y fotos, septiembre 29 de 2025.- La trata de personas es un delito horrendo y devastador que también enriquece a las organizaciones criminales transnacionales, a los regímenes inmorales y antiestadounidenses. La 25.ª edición del Informe sobre la Trata de Personas insta a los países a tomar medidas serias contra el trabajo forzoso, como así también la trata sexual y garantiza que quienes no actúen asuman las consecuencias.
La Administración Trump se dedica a defender los valores estadounidenses, proteger a los trabajadores estadounidenses y defender a las comunidades.
Entendiendo la Trata de Personas
“Trata de personas” es un término genérico, a menudo usados indistintamente, para referirse a un delito mediante el cual los traficantes explotan y lucran a costa de adultos o niños, obligándolos a realizar trabajos forzados o a participar en actos sexuales con fines comerciales. Cuando una persona menor de 18 años es utilizada para realizar un acto sexual con fines comerciales, se considera un delito, independientemente de si hay fuerza, fraude o coerción.
Estados Unidos reconoce dos formas principales de trata de personas: la trata con fines de explotación sexual y el trabajo forzoso. A continuación, se describe el significado básico de estas formas de trata y algunas características únicas de cada una, junto con varios principios y conceptos clave relacionados con todas las formas de trata.
La Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas de los Estados Unidos de 2000 , en su forma enmendada (TVPA), define las “formas graves de trata de personas” como:
✓Trata de personas con fines sexuales en la que un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, fraude o coerción, o en la que la persona inducida a realizar dicho acto no ha cumplido los 18 años de edad.
✓El reclutamiento, alojamiento, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, fraude o coerción con el propósito de someterla a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud.
Más de 180 países han ratificado o se han adherido al Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, que define la trata de personas y contiene obligaciones para prevenir y combatir este delito.
La Ley de Protección de los Derechos de los Niños y el Protocolo de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas contienen definiciones similares de trata de personas. Los elementos de ambas definiciones pueden describirse mediante un marco de tres elementos centrado en:
1) los actos.
2) los medios.
3) el propósito del tratante:
El elemento de «actos» se centra en el hecho de que un traficante recluta, alberga, transporta, proporciona u obtiene a otra persona para fines de trabajo, servicios o comercio sexual. El elemento de «actos» en la trata con fines sexuales también se cumple a menudo cuando el traficante patrocina o solicita a otra persona para fines sexuales con fines comerciales.
El elemento “medios” se centra en el uso de la fuerza, el fraude o la coerción por parte del traficante para obligar a otra persona a participar en trabajos, servicios o sexo comercial.
El elemento “propósito” se centra en el objetivo del perpetrador de explotar a una persona para fines laborales, de servicios o para realizar actos sexuales comerciales.
No es necesario que una víctima sea transportada físicamente de un lugar a otro para que el delito entre dentro de esta definición.
Tráfico sexual
La trata sexual abarca el rango de actividades involucradas cuando un traficante usa fuerza, fraude o coerción para obligar a otra persona a participar en un acto sexual comercial o hace que un niño participe en un acto sexual comercial.
La coerción en el caso de la trata de personas con fines sexuales incluye una amplia gama de medios, incluidas amenazas de daños graves, daños psicológicos, daños a la reputación, amenazas a otros y manipulación de deudas.
La trata de personas puede tener lugar en domicilios particulares, salones de masajes, hoteles o burdeles, entre otros lugares, así como en Internet.
Tráfico sexual infantil
En los casos en que una persona participe en cualquiera de los «actos» especificados con un menor (menor de 18 años), el elemento de los medios es irrelevante, independientemente de si existen pruebas de fuerza, fraude o coerción. La utilización de menores en actos sexuales con fines comerciales está prohibida por ley en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo.
Trabajo forzoso
El trabajo forzoso, a veces también denominado tráfico laboral, abarca el conjunto de actividades que se llevan a cabo cuando una persona utiliza la fuerza, el fraude o la coerción para explotar el trabajo o los servicios de otra persona.
Los esquemas coercitivos de los traficantes pueden incluir amenazas de fuerza, manipulación de deudas, retención de pago, confiscación de documentos de identidad, coerción psicológica, daño a la reputación, manipulación del uso de sustancias adictivas, amenazas a otras personas u otras formas de coerción.
No hay límite de ubicación ni tipo de industria. El trabajo forzoso puede ocurrir en cualquier sector o entorno, ya sea legal o ilícito, incluyendo, entre otros, campos agrícolas, fábricas, restaurantes, hoteles, salones de masajes, tiendas minoristas, barcos pesqueros, minas, domicilios particulares u operaciones de narcotráfico.
Hay ciertos tipos de trabajo forzoso que se distinguen frecuentemente por su énfasis o porque están muy extendidos:
Servidumbre doméstica
La servidumbre doméstica es una forma de trabajo forzoso en la que el traficante exige a la víctima que realice trabajos en una residencia privada. Estas circunstancias crean vulnerabilidades únicas. Las trabajadoras domésticas suelen estar aisladas y pueden trabajar solas en una casa. Su empleador suele controlar su acceso a alimentos, transporte y vivienda. Lo que ocurre en una residencia privada se oculta al mundo, incluso a las fuerzas del orden y a los inspectores de trabajo, lo que dificulta la identificación de las víctimas. Las trabajadoras domésticas extranjeras son particularmente vulnerables al abuso debido a las barreras lingüísticas y culturales, así como a la falta de vínculos comunitarios. Algunos perpetradores utilizan este tipo de condiciones como parte de sus estrategias coercitivas para obligar a las trabajadoras domésticas a trabajar con poco riesgo de ser detectadas.
Trabajo infantil forzoso
El término «trabajo infantil forzoso» describe los esquemas de trabajo forzoso en los que los traficantes obligan a los niños a trabajar. Los traficantes a menudo se enfocan en los niños porque son más vulnerables. Si bien algunos niños pueden participar legalmente en ciertas formas de trabajo, forzar o coaccionar a los niños a trabajar sigue siendo ilegal según las leyes de muchos países. Las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, incluida la venta de niños, el trabajo infantil forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición de siervo de los niños, siguen existiendo, a pesar de las prohibiciones legales y la condena generalizada. Algunos indicadores de trabajo forzoso de un niño incluyen situaciones en las que el niño parece estar bajo la custodia de una persona que no es familiar y el trabajo del niño beneficia económicamente a alguien, fuera de la familia del niño o la negación de alimento, descanso o educación a un niño que está trabajando.
Principios y conceptos clave
Estos principios y conceptos clave se aplican a todas las formas de trata de personas, incluidos el trabajo forzoso y la trata sexual.
Consentir
La trata de personas puede ocurrir incluso si la víctima consintió inicialmente en proporcionar mano de obra, servicios o actos sexuales con fines comerciales. Un traficante puede atacar a una víctima después que esta busque o solicite empleo. Incluso si la víctima se ofreció voluntariamente para realizar trabajo o servicios, si el trabajo o los servicios ya no son voluntarios, el trabajo es forzado. De igual manera, en un caso de trata con fines de explotación sexual, la disposición inicial de una víctima adulta a participar en actos sexuales con fines comerciales no es relevante cuando el perpetrador posteriormente utiliza la fuerza, el fraude o la coerción para explotar a la víctima y obligarla a continuar participando en los mismos actos. En el caso de la trata con fines de explotación sexual infantil, el consentimiento de la víctima nunca es relevante, ya que un niño no puede consentir legalmente actos sexuales con fines comerciales.
Movimiento
Ni la legislación estadounidense ni el derecho internacional exigen que un traficante o una víctima crucen una frontera para que se cometa un delito de trata de personas. La trata de personas es un delito de explotación y coerción, no de desplazamiento. Los traficantes pueden usar estrategias que alejan a las víctimas a cientos de kilómetros de sus hogares o las explotan en los mismos barrios donde nacieron.
Servidumbre por deudas
La «servidumbre por deudas» se centra en los delitos de trata de personas, en los que el principal medio de coerción del tratante es la manipulación de la deuda.
La legislación estadounidense prohíbe a los perpetradores utilizar las deudas como parte de su plan o patrón para obligar a una persona a trabajar o a participar en la explotación sexual comercial. Los tratantes se dirigen a algunas personas con una deuda inicial asumida voluntariamente como condición para un futuro empleo, mientras que en ciertos países les dicen a las personas que «heredaron» la deuda de sus familiares. Los tratantes también pueden manipular las deudas una vez iniciada la relación económica, reteniendo los ingresos u obligando a la víctima a asumir deudas para gastos como alimentación, vivienda o transporte. También pueden manipular las deudas que una víctima tiene con otras personas. Cuando los tratantes utilizan las deudas como medio para obligar a trabajar o a participar en la explotación sexual comercial, a menudo han cometido un delito según las leyes del país donde ocurrió la conducta.
El principio de no castigo
Un enfoque centrado en las víctimas e informado sobre el trauma es clave para el éxito de las iniciativas contra la trata. Un principio fundamental de este enfoque es que las víctimas de la trata no deben ser penalizadas indebidamente, únicamente por los actos ilícitos que cometieron como consecuencia directa de la trata. La aplicación efectiva del «principio de no castigo», como se le denomina cada vez más, requiere no sólo reconocerlo, como también adoptarlo en las leyes regionales y nacionales, sino también fomentar la identificación proactiva de las víctimas.
Trata de personas patrocinada por el Estado
Si bien la Ley de Protección de la Vida y el Protocolo de la ONU contra la Trata de Personas instan a los gobiernos a abordar proactivamente los delitos de trata, algunos gobiernos son parte del problema, obligando directamente a sus ciudadanos a la esclavitud sexual o a participar en esquemas de trabajo forzoso. Desde el trabajo forzoso en sectores económicamente importantes, como parte de proyectos o misiones financiadas por el gobierno en el extranjero, o como método de castigo o discriminación, los funcionarios utilizan su poder para explotar a su población. Para obtener este trabajo, los gobiernos ejercen coerción amenazando con la retirada de prestaciones públicas, reteniendo salarios, incumpliendo los límites del servicio militar, manipulando la falta de estatus legal de personas apátridas y miembros de minorías, amenazando con castigar a familiares o condicionando los servicios o la libertad de movimiento al trabajo o al sexo. En 2019, el Congreso de Estados Unidos modificó la Ley de Protección de la Vida para reconocer que los gobiernos también pueden actuar como tratantes, refiriéndose específicamente a una «política o patrón gubernamental» de trata de personas, trata en programas financiados por el gobierno, trabajo forzoso en servicios médicos u otros sectores afiliados al gobierno, esclavitud sexual en campamentos gubernamentales o el empleo o reclutamiento de niños soldados.
Reclutamiento o utilización ilegal de niños soldados
Otra manifestación de la trata de personas ocurre cuando las fuerzas gubernamentales o cualquier grupo armado no estatal reclutan o utilizan ilegalmente a menores —mediante la fuerza, el fraude o la coerción— como soldados o para trabajos o servicios en situaciones de conflicto. Los menores también son utilizados como esclavos sexuales. La esclavitud sexual, como se describe aquí, puede ocurrir cuando los menores son forzados o coaccionados a «casarse» o son violados por comandantes o combatientes. Tanto los menores como las menores son a menudo víctimas de abuso o explotación sexual por parte de miembros de grupos armados, sufren las mismas consecuencias físicas y psicológicas devastadoras asociadas con la trata sexual.
Rendición de cuentas en la economía privada
El trabajo forzoso está bien documentado en la economía privada, en particular en la agricultura, la pesca, la manufactura, la construcción y el trabajo doméstico, pero ningún sector es inmune. La trata de personas también se da en diversas industrias. El trabajo forzoso es más conocido en la industria hotelera, pero también se da en relación con las industrias extractivas, donde las actividades suelen ser remotas y carecen de una presencia gubernamental significativa.
Los gobiernos deben exigir responsabilidades a todas las entidades, incluidas las empresas, por la trata de personas. En algunos países, la ley prevé la responsabilidad corporativa, tanto en el sistema de justicia civil como en el penal. La legislación estadounidense establece la responsabilidad penal de cualquier persona jurídica, incluidas las empresas, por ciertas conductas relacionadas con la trata de personas, y una causa de acción civil para las víctimas de dichas conductas.
Terminología
Como se señala en el informe de 2021 del Consejo Asesor de Estados Unidos sobre la Trata de Personas (el Consejo), existen numerosos términos que las personas sobrevivientes utilizan para identificarse.
Si bien algunas personas que han sufrido trata optan por el título de «sobreviviente», otras no. La terminología relacionada con la trata de personas varía según las leyes y el idioma de cada país. El término «sobreviviente» no está definido por ley en general, ni se usa ni acepta universalmente en el contexto de la trata de personas.
En Estados Unidos, existen términos ampliamente utilizados para referirse a las personas que han sufrido trata y que posteriormente decidieron dedicarse profesionalmente a la lucha contra la esta. Es posible que prefieran que se les llame «líderes sobrevivientes», «defensores de sobrevivientes» o «expertos en la materia con experiencia directa en la trata de personas».
Otros términos importantes utilizados en esta introducción y en las narraciones de los países en este informe incluyen:
✓Víctima
En Estados Unidos, el término «víctima» se refiere a una persona que ha sufrido daños físicos, emocionales o económicos directos como consecuencia de la comisión de un delito. Al igual que en Estados Unidos, en otros países se reconocen expresamente a las «víctimas» ciertos derechos y servicios de asistencia durante y después de la comisión de dicho delito. Por estas razones, las descripciones de los países incluidas en este informe aún hacen un uso extensivo de este término. La adopción de enfoques orientados a la supervivencia y al trauma no debe entrar en conflicto ni competir con la prestación de asistencia a la que tienen derecho las víctimas.
Enfoque centrado en la víctima:
✓Las partes interesadas anteponen las prioridades, necesidades e intereses de la víctima del delito en su trabajo con ella.
✓Brindan asistencia sin prejuicios, con énfasis en la autodeterminación y la ayudan a tomar decisiones informadas.
✓ Garantizan la restauración de la sensación de seguridad y protección de las víctimas como prioridad.
✓Potegen contra políticas y prácticas que puedan retraumatizarlas inadvertidamente.
Un enfoque centrado en la víctima también debe incorporar un objetivo basado en el trauma, en la situación de los sobrevivientes y culturalmente competente.
Enfoque basado en el conocimiento de los sobrevivientes:
✓Un programa, una política, una intervención o un producto que está diseñado, implementado, como además evaluado con liderazgo intencional, experiencia, también con aportes de una comunidad diversa de sobrevivientes, tiene el propósito de garantizar que este programa, la política, la intervención o el producto sea representativo con precisión de sus necesidades, observé los intereses y percepciones.
Enfoque basado en el trauma:
Este enfoque reconoce las señales de trauma en las personas y en los profesionales que las asisten, responde integrando el conocimiento sobre el trauma en políticas, procedimientos, prácticas, entornos y busca resistir activamente la retraumatización. Este enfoque incluye la comprensión de las vulnerabilidades y experiencias de los sobrevivientes de trauma, incluyendo la prevalencia y el impacto físico, social y emocional del trauma. Un enfoque basado en el trauma prioriza restaurar los sentimientos de seguridad, elección y control del sobreviviente.
Los programas, servicios, agencias y comunidades pueden adoptar un enfoque basado en el trauma.
Enfoque culturalmente competente:
La competencia cultural y lingüística permite un trabajo eficaz en situaciones interculturales, al tener la capacidad de funcionar eficazmente como individuo y como organización dentro del contexto de las creencias, comportamientos y necesidades culturales que presentan los consumidores y sus comunidades.
Mirando hacia adelante después de 25 años
La Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPA), aprobada en octubre de 2000, fue una ley histórica que representó la culminación de años de constante defensa y colaboración entre defensores de la trata, líderes de sobrevivientes y defensores del Congreso. Esta innovadora legislación bipartidista estableció el marco para combatir la trata de personas y estableció nuevos estándares globales sobre cómo los gobiernos pueden colaborar para enjuiciar a los tratantes, proteger a las víctimas y prevenir este delito. Gobiernos de todo el mundo se unieron al mes siguiente para adoptar el Protocolo de la ONU contra la Trata de Personas. Esto marcó el inicio de un movimiento global contra la trata que ha crecido tanto en influencia como en determinación durante los últimos 25 años.
Una breve mirada al pasado
La TVPA, el Protocolo TIP de la ONU y las redes nacionales e internacionales contra la trata, que generaron, han tenido un impacto notable en la lucha contra la trata de personas desde el año 2000. En Estados Unidos, la TVPA autorizó la creación del Grupo de Trabajo Interinstitucional del Presidente para el Monitoreo y la Lucha contra la Trata de Personas (PITF, por sus siglas en inglés), para coordinar los esfuerzos contra la trata en todo el gobierno federal estadounidense. También estableció la Oficina para el Monitoreo y la Lucha contra la Trata de Personas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el fin de trabajar con los gobiernos de todo el mundo para combatir este delito y producir el Informe anual sobre la Trata de Personas (Informe TIP). Esfuerzos legislativos adicionales llevaron a la creación del Consejo Asesor de los Estados Unidos sobre la Trata de Personas, un organismo compuesto por sobrevivientes de la trata que asesora y hace recomendaciones sobre políticas federales contra la trata al PITF.
Mientras tanto, el Informe anual TIP se convirtió en una evaluación fundamental de las iniciativas gubernamentales contra la trata en 188 países y territorios, incluido Estados Unidos, abarcando las tres P: procesamiento, protección y prevención.
Las recomendaciones específicas del Informe han proporcionado una herramienta para que los gobiernos enfoquen sus esfuerzos, como así también recursos contra la trata, el análisis de las cuestiones, las tendencias temáticas, este es un recurso de referencia para proveedores de servicios y formuladores de políticas.
La comprensión global de la trata de personas y las formas en que las personas son vulnerables a la explotación ha evolucionado significativamente en los últimos 25 años, gracias a los esfuerzos de líderes sobrevivientes, la sociedad civil, organizaciones internacionales, el sector privado y trabajadores de primera línea. La mayoría de las leyes nacionales e internacionales, por ejemplo, reconocen ahora que la trata de personas no requiere desplazamiento; la trata de personas ocurre tanto dentro de los países como entre ellos. A medida que se ha desarrollado esta comprensión, el movimiento contra la trata ha celebrado logros históricos que han fortalecido a gobiernos y comunidades, protegido vidas y medios de vida, como además produjo la exigencia de responsabilidades a los tratantes.
El impacto de la lucha contra la trata de personas en cifras
183 Estados partes en el Protocolo de las Naciones Unidas contra la trata de personas.
138 países y territorios con leyes integrales contra la trata de personas.
155 países y territorios con organismos nacionales de coordinación contra la trata
Seis países.
Organizaciones multilaterales con consejos asesores de sobrevivientes
2024:
El Informe TIP registra las cifras más altas jamás reportadas de víctimas totales identificadas y víctimas de trata laboral identificadas por países de todo el mundo.
2025: el Informe TIP registra el mayor número de condenas por trata laboral en la historia de países de todo el mundo
2024: primer uso de las sanciones Global Magnitsky, para el trabajo forzoso en estafas en línea
Una respuesta en evolución para abordar los desafíos centrales
La trata de personas, incluyendo el trabajo forzoso y la trata con fines de explotación sexual, suele ser un delito oculto, que opera en gran medida fuera del ojo público. Los tratantes pueden enmascarar sus actividades, lo que dificulta las investigaciones criminales, y aunque muchas víctimas interactúan con personas de su comunidad, como profesionales médicos y fuerzas del orden, es posible que no sean identificadas como víctimas de trata por diversas razones, como el miedo a sufrir daños físicos u otras represalias. A medida que la trata ha evolucionado, también lo ha hecho el enfoque de muchos gobiernos, que trabajan para abordar los desafíos fundamentales de la lucha contra la trata y desarrollar nuevos métodos para procesar a los tratantes, proteger a las víctimas y prevenir el delito.
En virtud del Protocolo de la ONU contra la Trata de Personas, los gobiernos tienen la responsabilidad de tipificar como delito todas las formas de trata de personas y exigir responsabilidades a los autores. Muchos gobiernos han asumido esta responsabilidad mediante la creación de un marco jurídico integral, la capacidad de investigar y enjuiciar a los presuntos tratantes, incluso en casos de corrupción gubernamental o complicidad oficial. A medida que esta capacidad ha aumentado en los últimos 25 años, también lo ha hecho la comprensión de que exigir responsabilidades a los tratantes, por sus delitos, contribuye a disuadir a los posibles responsables y a proteger a las víctimas.
Los gobiernos también han reconocido cada vez más la necesidad de identificar a las víctimas mediante la detección proactiva, incluyendo a las poblaciones vulnerables y de brindar servicios de apoyo. Incluso hoy en día, muchos gobiernos tienen dificultades para implementar mecanismos eficaces de detección y derivación de víctimas. Muchos profesionales de primera línea que interactúan con posibles víctimas carecen de capacitación sobre los indicadores de trata y cómo responder. Las víctimas, por su parte, suelen ser reacias a revelar sus experiencias por temor a represalias o, en algunos casos, a ser penalizadas indebidamente únicamente por actos ilícitos, cometidos como resultado directo de la trata.
Una vez identificadas las víctimas, la mayoría de los gobiernos enfrentan desafíos adicionales para garantizar que reciban un apoyo integral y personalizado. La coordinación entre los organismos estatales nacionales y locales, así como con las organizaciones de la sociedad civil, puede ayudar a los gobiernos a optimizar los recursos limitados e implementar procesos eficaces de derivación de víctimas.
Muchos gobiernos también han reconocido la importancia de un enfoque centrado en las víctimas e informado sobre el trauma. Las respuestas al trauma, que experimentan las sobrevivientes, han evolucionado significativamente en los últimos 25 años, a medida que la comunidad contra la trata ha mejorado su capacidad para reconocer el trauma, como además su impacto y con la finalidad de evitar la retraumatización de las sobrevivientes. Las prácticas eficaces centradas en las víctimas e informadas sobre el trauma también ayudan a las fuerzas del orden a generar confianza y, en última instancia, a presentar casos más sólidos contra los tratantes, lo que podría contribuir a descubrir redes criminales más amplias que amenazan la seguridad.
Si bien la comprensión de la trata de personas ha aumentado, se necesita más trabajo para abordar la falta general de conocimiento sobre este delito y las ideas erróneas persistentes sobre qué es y qué no es la trata. Muchas personas desconocen que la trata de personas puede ocurrir en su ciudad natal y pueden confundirla con delitos como el tráfico ilícito de migrantes u otras prácticas de explotación. Los gobiernos suelen buscar abordar estas lagunas de información mediante campañas de concienciación, pero una estrategia de prevención sólida debe ir más allá de la divulgación pública. A medida que aumenta la comprensión del delito y las formas en que operan los traficantes, los gobiernos necesitan un enfoque matizado para la prevención de la trata. Con el paso de los años, la comunidad contra la trata ha ampliado sus herramientas colectivas para incluir medidas para reducir el riesgo y proteger a las poblaciones vulnerables, investigaciones para orientar programas específicos contra la trata y alianzas entre gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil, como también el sector privado para compartir conocimientos y coordinar recursos. Algunos gobiernos han profundizado en este progreso, creando alianzas multilaterales formales como la Alianza 8.7, así como mecanismos informales como los Principios para Orientar la Acción Gubernamental para Combatir la Trata de Personas en las Cadenas de Suministro Globales.
En los últimos 25 años, los gobiernos también han comprendido la importancia de abordar los delitos de trata de personas que ocurren dentro de sus propias fronteras. Según un informe de la UNODC de 2024, el 58 % de las víctimas de trata identificadas en 2022 fueron explotadas en su propio país, y no en el extranjero. A medida que los gobiernos han ampliado su enfoque más allá de las redes transnacionales de trata de personas, para abordar también los delitos de trata que ocurren únicamente dentro de su jurisdicción, esto ha implicado desafiar ideas erróneas comunes, como la de que es algo que ocurre en otros lugares, pero no «aquí». Sólo una vez que los gobiernos hayan definido el problema podrán diseñar respuestas de justicia penal, prestación de servicios y prevención que disuadan a los tratantes, brinden justicia y atención a las víctimas.
Abordar la complicidad oficial en los delitos de trata, incluido el trabajo forzoso patrocinado por el Estado
Al adoptar el Protocolo de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas, la comunidad internacional reconoció que la trata de personas debe eliminarse en todas sus formas. Una de las medidas fundamentales que deben adoptar los países es garantizar que no sean cómplices oficiales de la trata de personas, ni participen en ella ni la consientan directamente.
La complicidad oficial abarca un espectro que va desde la falta de supervisión suficiente, hasta los programas oficiales contra la trata de personas patrocinados por el Estado.
Varios países han reforzado la rendición de cuentas por la complicidad oficial de actores gubernamentales en la trata de personas. Por ejemplo, en 2022, un tribunal de Uzbekistán condenó al director de un orfanato estatal por su participación en la explotación sexual de niñas que vivían allí, junto con dos altos funcionarios regionales; sin embargo, la pena aplicada fue inferior a la prescrita por el código penal.
En diciembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos exfuncionarios del Gobierno de Uzbekistán y al exdirector del orfanato en virtud de la Ley Global Magnitsky, por graves violaciones de derechos humanos relacionadas con esta conducta.
Si bien muchos países han tomado medidas para prevenir la complicidad oficial en la trata de personas, varios gobiernos malignos han hecho exactamente lo contrario, recurriendo a trabajos forzados, sancionados por el Estado, en violación de las normas internacionales y los principios fundamentales de los derechos humanos.
Los funcionarios gubernamentales se benefician económicamente de la trata de personas. En Camboya, altos funcionarios poseían propiedades utilizadas por estafadores en línea para explotar a las víctimas mediante trabajos forzados y delitos forzados.
Varios países aún obligan al trabajo forzado como forma de castigar a la oposición política. En la RPDC [Corea del Norte], se estima que entre 80.000 y 120.000 personas se encuentran recluidas en campos de prisioneros y un número indeterminado en otros tipos de centros de detención, incluidos campos de «reeducación por el trabajo».
Las fuerzas lideradas por Rusia también reclutan ilegalmente u obligan a muchos ucranianos en territorios ocupados por Rusia en Ucrania, incluidos los detenidos, a luchar contra su propio país o a realizar otros trabajos, como limpiar escombros y deshacerse de cadáveres.
Algunos países explotan a sus propios ciudadanos mediante trabajo forzoso.
El régimen cubano, que generó 4.900 millones de dólares en ingresos por la exportación de servicios médicos en 2022 (último año con datos disponibles), ha empleado durante mucho tiempo una política o patrón de trata de personas patrocinada por el Estado en sus misiones médicas, que incluye prácticas coercitivas de reclutamiento y empleo, así como el abuso de los procesos legales.
En China, el Partido Comunista Chino explota a uigures, kazajos, kirguisos, como también a miembros de otras minorías étnicas y religiosas en Xinjiang, mediante una política o patrón gubernamental de trabajo forzoso generalizado, que incluye detenciones arbitrarias masivas.
Al igual que la trata de personas en general, la complicidad oficial se ha vuelto más invisible a medida que los gobiernos intentan replantearla. Por ejemplo, han pasado de imponer el trabajo en centros de detención a crear las llamadas oportunidades de desarrollo económico o servicios comunales, exigiendo a los trabajadores que participen en ellas. China ha desarrollado programas de «alivio de la pobreza» en la región de Xinjiang para obligar a los uigures y otros grupos perseguidos a trabajar.
Estos gobiernos y sus funcionarios han obtenido importantes beneficios económicos sometiendo a otros a trabajos forzados, lo cual perjudica no sólo a las víctimas, sino también a otros países y a sus ciudadanos.
Las estafas en línea, por ejemplo, han defraudado a personas inocentes de todo el mundo por decenas de miles de millones de dólares, incluso en Estados Unidos.
Los gobiernos deberían dar el ejemplo y erradicar la trata de personas de sus propias prácticas de las siguientes maneras:
✓Aprobar legislación para prohibir y sancionar la complicidad oficial, adoptado políticas y procedimientos internos para prevenirla.
✓Todos los países pueden promulgar legislación que garantice que sus gobiernos evalúen periódicamente sus prácticas de contratación pública. También pueden fortalecer sus capacidades de aplicación de la ley para abordar la complicidad oficial.
✓Fortalecer la cooperación internacional. Muchos países ya implementan programas para garantizar que el gobierno no adquiera productos elaborados con trabajo forzoso. Los países pueden compartir estas listas y prácticas para evitar el transbordo, aumentar la concienciación sobre los productos elaborados con trabajo forzoso y coordinar sanciones u otras medidas contra los países que realizan trabajo forzoso auspiciado por el Estado.
✓Capacitar a los funcionarios y prevenir la trata de personas.
✓ Asegurarse de que todo el personal reconozca los indicadores de trata de personas y las prohibiciones pertinentes, sepa cómo y dónde denunciar posibles casos de trata.
Prácticas prometedoras para responder a las sobrevivientes de la trata de personas en el ámbito sanitario
Los trabajadores de la salud suelen ser los primeros profesionales en entrar en contacto con personas que sufren violencia, incluida la trata de personas. Las investigaciones sugieren que hasta el 90 % de los sobrevivientes de la trata de personas asisten a centros de salud durante y después de las experiencias de trata, pero a menudo permanecen sin ser identificados o no reciben la asistencia especializada a la que tienen derecho.
Un estudio que encuestó a 6.303 trabajadores de la salud en Estados Unidos reveló que sólo el 42 % recibió capacitación formal sobre la trata de personas, mientras que el 93 % creía que se beneficiaría de esta educación.
Para equipar mejor a los sistemas de salud, para identificar y responder a la trata de personas, los trabajadores de la salud deben recibir educación sobre diversos tipos de violencia, incluida la trata de personas, tanto en las escuelas de medicina como de enfermería y como parte de los programas obligatorios de educación continua.
Las instituciones también pueden integrar de forma completa la concienciación sobre el trauma en sus operaciones, reconociendo cómo el trauma afecta a los pacientes y al personal, al tiempo que buscan mitigar la retraumatización.
Los pacientes pueden experimentar más de un tipo de violencia simultáneamente. A menudo, las consecuencias para la salud resultantes son similares. Las iniciativas de respuesta a la trata de personas no requieren necesariamente programas, políticas o procedimientos separados de los de otras formas de violencia.
El ámbito sanitario puede considerar las siguientes recomendaciones:
✓Creación de un entorno seguro y de apoyo mediante sistemas de apoyo eficaces.
✓Priorizar la seguridad de los pacientes, conectándolos con viviendas seguras, servicios de gestión de casos y aplicación de la ley (si así se desea), abordando los riesgos de seguridad inmediatos, las necesidades de servicio y preguntar las víctimas si tienen familiares o amigos con quienes sea seguro comunicarse.
✓Brindar capacitación al personal sobre enfoques basados en el trauma, así como apoyo al personal que experimenta trauma indirecto.
✓Prepárese para las barreras que pueden impedir que los pacientes revelen su situación, incluido el miedo a la intervención de las fuerzas del orden, más violencia y represalias.
✓Mantener un enfoque sin prejuicios, reconociendo el trauma que han sufrido los sobrevivientes y el juicio que pueden experimentar por parte de los demás.
✓Únase a grupos de trabajo locales, estatales, nacionales y generar apoyo comunitario, incluidas las ONG locales.
Comunicación y sensibilidad cultural
Brindar atención accesible y culturalmente sensible ofreciendo servicios de interpretación en persona y respetando las preferencias de los trabajadores de la salud del mismo sexo, cuando sea posible, al mismo tiempo que se genera confianza en el paciente a través de una comunicación clara, garantías de confidencialidad y referencias cálidas a los servicios apropiados.
Autonomía del paciente y atención informada
✓Institucionalizar modelos basados en evidencia para la detección del trauma.
✓Utilizar una educación universal que proporcione a todos los pacientes información sobre las repercusiones de la trata de personas en la salud.
✓Evaluar el éxito, más allá de la divulgación por parte del paciente, brindándoles conocimientos sobre los tipos de violencia relevantes, sus derechos legales y los recursos disponibles, al mismo tiempo que se respeta la autonomía del paciente y se adaptan los enfoques para las poblaciones vulnerables.
✓Aliente a los pacientes a dirigir su propio cuidado, explicando sus condiciones médicas en un lenguaje sencillo, confirmando su comprensión, respetando sus decisiones informadas y asegurándose que sepan que pueden regresar para recibir atención, incluso si rechazan el tratamiento o se van en contra del consejo médico.
Identificación y derivación: agilización de los servicios para las víctimas
En el centro de todas las formas de trata de personas se encuentran las víctimas: personas que sufrieron daños físicos, sexuales, psicológicos o económicos a causa de las acciones de un tratante. Las medidas de protección eficaces satisfacen las necesidades individuales de las víctimas de trata, ayudando a prevenir la revictimización, ofreciendo alojamiento seguro, apoyo legal y acceso a servicios sociales que reducen la vulnerabilidad. Sin embargo, muchos gobiernos carecen de procesos eficientes y eficaces para identificar a las víctimas y derivarlas a atención, mientras que algunos que sí cuentan con estos sistemas carecen de la capacidad o los recursos para implementar eficazmente los procedimientos de identificación y prestar servicios a las víctimas de forma sistemática.
El informe está aún en proceso, en el momento de finalización será dado a conocer por este medio
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