Campaña Cien Días Sin Derechos imputa violaciones relacionadas con los JJ.OO.
BC, SC, Brasil.- Cien días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de 2016, el Comité Popular de la Copa y Olimpiadas de Río lanzó el miércoles (27) la campaña “Cuenta regresiva para los Juegos de la Exclusión – Cien Días Sin Derechos”, que recordará, cada día, una violación de derechos vinculada con el evento, como remociones, trabajo esclavo, destrucción de espacios públicos, sobrefacturación, caídas de obras y muertes.
Larissa Lacerda, miembro del comité, dijo que necesitaría mucho más de cien días para recordar todas las violaciones cometidas hasta la fecha, pero el objetivo de la campaña es prevenir cualquier abuso más hasta el comienzo de los Juegos Olímpicos. Según ella, la divulgación de las injusticias a menudo es ahogada por el marketing positivo del legado olímpico reproducido por las autoridades y grandes medios de comunicación. “El esfuerzo es para denunciar y detener violaciones y más exclusión de personas”, dijo.
Como parte de la campaña, se montó la exposición Revelaciones Olímpicas. Las fotos fueron exhibidas en el paseo de Cinelândia –tradicional plaza en el centro de Río– y fueron producidas por fotógrafos profesionales residentes en áreas afectadas por las obras para los Juegos.
Para Gizele Martins, periodista y miembro del Foro de Juventudes de Río de Janeiro, uno de los legados más críticos es el proyecto de militarización de las favelas, las Unidades de Policía Pacificadora, que ya ha causado miles de muertes y violaciones de derechos de ciudadanos pobres en las periferias.
“La militarización terminó influyendo en la vida de gente de todos los niveles y de todas las edades. Es un proyecto presente principalmente en favelas de la zona sur y otras estratégicas, tales como Maré, que está cerca del aeropuerto internacional y de autopistas. Es un proyecto para dar seguridad solo a quienes vienen de fuera”, dijo.
La alcaldía de Río, sin embargo, asegura que el municipio busca, en las obras, cambiar lo menos posible la rutina de los cariocas y que no remueve las familias de manera forzosa. Según el gobierno municipal, las familias que tuvieron que dejar sus casas “estaban en el camino de las obras o en áreas de protección ambiental” y, como opción, el municipio les pagó indemnizaciones y les ofreció apartamentos del programa de viviendas del gobierno federal, Minha Casa, Minha Vida. “La negociación ha sido siempre transparente”, dice la municipalidad.
La Coordinación de Policía Pacificadora no se manifestó sobre las denuncias de abusos cometidos y muertes en las favelas.
Es procedente indicar que, la información fue distribuida el día 28 de abril por Agência Brasil (EBC).
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Oipol & Oijust 
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