Desde el brote de COVID-19, los organismos encargados de la aplicación de la ley han desempeñado un papel fundamental a la hora de apoyar las medidas destinadas a controlar la enfermedad, promover comunidades más seguras y hacer frente a las amenazas planteadas por los delincuentes que sacan partido del brote para ampliar o diversificar sus actividades. Hasta octubre de 2020, más de un millón de personas habían fallecido como consecuencia de la COVID19, incluidos cientos de funcionarios de policía.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los organismos encargados de la aplicación de la ley deben entender estas directrices como un componente de la estrategia de respuesta al brote, y aplicarlas en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias nacionales. No tienen por objeto sustituir a las directrices nacionales, sino complementarlas. Todas las medidas adoptadas por las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la ley deben ajustarse a la legislación nacional aplicable y a las obligaciones internacionales.
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