Pautas temporales de ICE para sus operaciones de deportación


  • Los nuevos ordenamientos sientan las pautas para la nueva política de deportaciones, hasta que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. dicte las normas definitivas.

Por Voz de América – Redacción / Foto Voa News / Edición Oipol – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado de prensa el jueves nuevas regulaciones temporales para las operaciones de deportación de inmigrantes.

La guía, señala ICE estará en vigencia hasta al menos 90 días, cuando el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, emita las nuevas pautas.

Según el documento, la guía interina de ICE priorizará para la deportación a quienes constituyan amenaza a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública.

Así mismo, informa ICE “la guía establece los requisitos de presentación de informes semanales para asegurar la coordinación y coherencia y para informar el desarrollo de las pautas finales de aplicación del Secretario”.

En ese sentido, el director interino de ICE, Tae Johnson, explicó: “Al concentrar nuestros recursos limitados en casos que presentan amenazas a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, nuestra agencia ejecutará de manera más hábil y eficaz su misión de aplicación de la ley”.

Se presume que las personas representan una amenaza para la seguridad nacional si se han involucrado o son sospechosas de terrorismo o espionaje, o si su aprehensión es necesaria para proteger nuestra seguridad nacional, indica la declaración del jueves.

Otra explicación refiere que cuando se evalúa si una persona representa una amenaza para la seguridad pública, “los oficiales y agentes deben considerar la extensión, gravedad y actualidad de cualquier actividad delictiva, así como los factores atenuantes, que incluyen, entre otros, circunstancias personales y familiares, salud y factores, vínculos con la comunidad y evidencia de rehabilitación”.

Nueva política inmigratoria

El mismo jueves el presidente Joe Biden presentó la Ley de ciudadanía estadounidense de 2021, con el fin de “restaurar la justicia, la humanidad y el orden en nuestro sistema de inmigración”, dijo el mandatario en una comunicado de prensa publicado por la Casa Blanca.

Biden argumentó que su proyecto de ley enviado al Congreso “Abordará las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica, modernizará nuestras vías de inmigración legal y creará una vía ganada hacia la ciudadanía para muchos, incluidos los Dreamers [Soñadores], los trabajadores agrícolas y los titulares de [Estatus de Protección Temporal] TPS”.

Más temprano en una sesión informativa la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, eludió cualquier tinte político  sobre el proyecto inmigratorio de la administración. “No es un enfoque que se deba a un prisma político, sino a un prisma moral”, afirmó.

Con su ambicioso proyecto Biden asegura estar en los pasos “para abordar las irregularidades de la administración pasada”, una importante vuelta de timón en comparación con las agresivas medidas antiinmigratorias de su antecesor republicano Donald Trump.

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La Casa Blanca está comprometida a hacer cabildeo para tratar de cumplir con la promesa de lograr una ley de reforma inmigratoria en los primeros cien días de gobierno de Biden.

Por Jorge Agobian, Voa News / Foto Voa News, Washigton- El proyecto de ley de reforma inmigratoria propuesto por el presidente Joe Biden que busca ofrecer un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, fue oficialmente presentado ante la Cámara de Representantes y el Senado este jueves.

La propuesta legislativa permitiría que personas indocumentadas que hayan residido permanentemente en el país hasta el 1 de enero de 2021 puedan solicitar un estatus legal temporal, con la posibilidad de obtener tarjetas de residencia permanente después de cinco años, si pasan un escrutinio de seguridad.

Para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) y del Estatus de Protección Temporal (TPS), el camino a la residencia sería inmediato y, a la ciudadanía, en un período de tres años.

El ambicioso proyecto de Biden no escapa de las críticas de legisladores republicanos que se han mostrado en contra de algunos de sus enfoques en materia inmigratoria. Entre los detractores se encuentra el senador republicano por Florida Marco Rubio que se mostró en contra de ofrecer una “amnistía” para inmigrantes.

Pese al escepticismo, funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que el mandatario “está abierto” a trabajar, y a “comprometerse” a tender puentes con los miembros de los dos partidos.

Biden adelantó durante un foro comunitario esta semana que la legalización de 11 millones de indocumentados es un factor “esencial”, pero dejó entrever la posibilidad de presentar propuestas separadas. Funcionarios de la administración declinaron comentar sobre esta posibilidad.

La Casa Blanca está comprometida a hacer cabildeo para tratar de cumplir con la promesa de lograr una ley de reforma inmigratoria en los primeros cien días de gobierno de Biden, al tiempo que lucha por la aprobación de un Plan de Rescate por la pandemia.

En el Senado, los demócratas deberán votar en bloque y contar con el apoyo de al menos 10 republicanos para aprobar la propuesta, bajo las actuales reglas. Pero antes de llegar a ese punto, se prevé una larga discusión y presentación de enmiendas.

Cambios en el proceso de asilo

Entre las reformas está la eliminación del plazo de un año para presentar aplicaciones de asilo y una mayor inversión en la contratación de jueces para reducir los retrasos existentes para procesar y adjudicar los casos.

La propuesta busca revivir programas de la era Obama para procesar solicitudes de asilo y refugio desde Centroamérica para evitar que las personas realicen el peligroso viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Entre las iniciativas se incluyen:

  • El Programa para Menores Centroamericanos, impulsado por Biden cuando era vicepresidente, que busca reunir a los niños con sus parientes que residen en Estados Unidos.
  • El Programa de Libertad Condicional de Reunificación Familiar Centroamericana, para unir de manera más expedita a las familias con peticiones aprobadas de patrocinio familiar.
  • El establecimiento de Centros de Procesamientos para Refugiados en los países de Centroamérica, que intenta “registrar y procesar a las personas desplazadas para el reasentamiento de refugiados y otras vías migratorias legales, ya sea a Estados Unidos u otros países”.
4.000 millones de dólares para Centroamérica

El plan establece una partida de 4.000 millones de dólares, en cuatro años, a países del Triángulo Norte de Centroamérica para abordar las “causas fundamentales” del éxodo de personas de esos países.

Los fondos estarían destinados a gobiernos y organizaciones para reducir la “corrupción, violencia y la pobreza endémicas que hacen que las personas huyan” de Centroamérica.

La medida ha sido bien recibida por los representantes de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que expresaron a la Voz de América que esta es una agenda compartida.

¿Y qué dice el proyecto sobre la seguridad fronteriza?

La propuesta delinea una estrategia de “seguridad inteligente” que descarta la necesidad de un muro fronterizo.

“El enfoque del presidente incluye medidas contundentes contra organizaciones criminales, aumentado la habilidad de detener y enjuiciar individuos involucradas en redes de tráfico de narcóticos y contrabando de personas”, explicó un alto funcionario de la administración.

Así mismo el proyecto demanda la implementación de un plan para “acelerar la detección y mejorar la capacidad de identificar narcóticos y contrabando en cada puerto de entrada terrestre, aéreo y marítimo”.

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