- Cinco personas inculpadas de lavado de dinero en relación con un presunto plan de soborno en Venezuela
Oipol Operativa en Estados Unidos | Nota del Departamento de Justicia, para publicación inmedita, 21 de octubre | Edición y traducción Oipol – Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal el 7 de octubre, que fue revelada el día 21 de octubre, acusando a tres ciudadanos colombianos y dos venezolanos por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias de contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela, que fueron obtenido a través de sobornos.
Según documentos judiciales:
- Álvaro Pulido Vargas, alias el alemán.
- Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, de 57 años, de Colombia.
- José Gregorio Vielma Mora, 55, de Venezuela.
- Emmanuel Enrique Rubio González, 32, de Colombia.
- Carlos Rolando Lizcano Manrique, 50, de Colombia.
- Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela.
Los nombrados en la lista comunicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fueron acusados por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener, como también retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que se trata de una entidad estatal venezolana, además de ser un programa de distribución de alimentos y medicamentos controlado por el estado para el pueblo de Venezuela.
La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 o alrededor de esa fecha, hasta al menos 2020, Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para blanquear el producto de un plan de soborno ilegal. Los individuos mencionados, justos a otros utilizaron cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos como también otros lugares, hacia y a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos. Según la acusación formal, Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo, junto a otros obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos, además de medicinas en Venezuela a través del CLAP, mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluido Vielma Mora. . Los acusados y sus co-conspiradores inflaron a sabiendas los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse injustamente. La acusación también alega que los co-conspiradores ordenaron que se transfirieran fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos y trasladaron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado del plan, Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores supuestamente recibieron aproximadamente $1.6 mil millones de la República de Venezuela y transfirieron aproximadamente $180 millones a través o hacia los Estados Unidos.
Cada uno de los acusados están responsabilizados formalmente de cinco cargos con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero. Si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión. Un juez de un tribunal de Distrito Federal determinará cualquier fallo después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores estatutarios.
El Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Interino Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida y el Agente Especial Interino a Cargo La Verne J. Hibbert de la Oficina de Campo de la DEA en Miami hicieron el anuncio.
Este caso fue investigado por la DEA Miami, con la ayuda de la Oficina de Campo de Miami del FBI y la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional.
El abogado litigante Alexander J. Kramer de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Kurt K. Lunkenheimer, del Distrito Sur de Florida, están procesando el caso.
Una acusación es simplemente una acusación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
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