Participe del narcoestado venezolano enfrenta la Administración de Justicia


Alex Saab enfrenta cargos por lavado de dinero en un tribunal de Miami

Grupo de trabajo de Seguridad Nacional arresta a Alex Saab, aliado del régimen de Maduro, por cargos de lavado de dinero relacionados con contratos de alimentos y petróleo venezolano

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Oipol y Oijust Unidad OSINT, global operación, traducción, cooperación y edición,  actualización junio 03 de 2026 | Comunicación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ). lunes, 18 de mayo de 2026.- El exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela compareció el 18 de mayo de 2026 ante un tribunal, en relación con una acusación formal revelada en el Distrito Sur de Florida, que lo acusa de su presunta participación en una extensa conspiración internacional de lavado de dinero, que involucra la corrupción y explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables.

Según consta en los registros judiciales, Alex Nain Saab Moran, de 55 años, originario de Colombia, presuntamente conspiró con otras personas para sobornar a funcionarios públicos venezolanos y así obtener lucrativos contratos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), para la importación de alimentos a Venezuela. Saab está acusado de conspirar con otros para falsear fraudulentamente la naturaleza y el origen de los suministros de alimentos, incluyendo la falsificación de la documentación de las importaciones procedentes de Colombia y México.

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“Gracias a los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, Alex Saab será procesado y rendirá cuentas plenamente ante la ley estadounidense por su presunta participación en este plan”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

“Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano, destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Esto es inaceptable. La División Penal no permitirá que agentes extranjeros exploten el sistema financiero estadounidense y lo utilicen como refugio seguro para las ganancias de su corrupción”.

“Esta acusación formal alega que un programa humanitario de alimentos, destinado a apoyar a venezolanos vulnerables, fue manipulado para un enriquecimiento personal masivo”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida. “Según los cargos, el acusado utilizó sobornos, empresas fantasma y documentos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares para beneficio personal. Cuando se mueven fondos ilícitos a través del sistema financiero de Estados Unidos, nuestros tribunales tienen jurisdicción y nuestros fiscales actuarán. Los cargos son alegaciones, y el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable”.

“La DEA ha investigado durante mucho tiempo los presuntos delitos financieros y las redes vinculadas a Alex Saab y al antiguo régimen de Maduro”, declaró el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole. “Estos cargos son resultado directo del compromiso constante de la DEA para desmantelar las redes corruptas que operan en toda Venezuela. El apoyo de esta administración a las fuerzas del orden y la incansable persecución de la DEA contra quienes facilitan las actividades de los cárteles nos permitieron, junto con nuestros socios del HSTF, extraditar a Alex Saab a Estados Unidos para que comparezca ante la justicia una vez más”.

“El FBI mantiene su firme compromiso de desmantelar las complejas redes financieras que financian actividades ilícitas”, declaró el agente especial a cargo Brett Skiles de la oficina del FBI en Miami. “Gracias a la estrecha colaboración con nuestros socios federales, hemos logrado desarticular una sofisticada operación, orquestada por Alex Saab y sus cómplices, cuyo objetivo era ocultar el origen de la riqueza obtenida ilegalmente. Continuaremos desplegando todos los recursos de investigación a nuestro alcance, para rastrear el dinero ilícito, proteger la integridad de nuestras instituciones financieras y garantizar que quienes se benefician del crimen rindan cuentas ante la ley”.

El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos asegura que, en lugar de cumplir los contratos, Saab y sus cómplices utilizaron secretamente empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados, junto con una red de sobornos y comisiones ilegales, para desviar cientos de millones de dólares destinados a la compra de alimentos para venezolanos necesitados. Supuestamente, parte de las ganancias ilícitas se gastaron u ocultaron mediante transferencias a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

La acusación formal alega además que, desde 2019 hasta al menos enero de 2026, la conspiración se expandió a medida que las sanciones económicas estadounidenses paralizaban las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo, ejerciendo una fuerte presión sobre las finanzas del país y su capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda externa, incluidos los pagos a Saab y sus co-conspiradores, como parte del programa CLAP. Aprovechando sus relaciones corruptas con funcionarios gubernamentales, Saab y sus co-conspiradores presuntamente obtuvieron acceso a miles de millones de dólares en petróleo propiedad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y lo vendieron bajo falsas pretensiones.

Los ingresos procedentes de esas ventas ilegales se transfirieron posteriormente a través de cuentas bancarias estadounidenses para seguir promoviendo y ocultando el plan CLAP.

Saab está acusado de conspiración para blanquear dinero. De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal.

La División de Campo de la DEA, en Miami, estaba investigando el caso, en la fecha de remisión del presente informe, con la asistencia del FBI en Miami y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.

La fiscal adjunta Monique Botero, del Distrito Sur de Florida, el subjefe Joseph Palazzo, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, están a cargo del procesamiento del caso.

Este procesaso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida por la Orden Ejecutiva 14159, que protege al pueblo estadounidense contra la invasión de criminales. El HSTF es una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales, redes de tráfico, como también contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF moviliza todo el poder de las fuerzas del orden estadounidenses para identificar, investigar y procesar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de las fronteras. En el desempeño de esta labor, el HSTF pone especial énfasis en investigar y procesar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños. El HSTF también utiliza todas las herramientas disponibles para procesar y expulsar de Estados Unidos a los extranjeros criminales más violentos. El HSTF de Miami está integrado por agentes y oficiales de la División de Campo de la DEA en Miami, el FBI en Miami y el HSI de Miami, el procesamiento está a cargo de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Miami.

La misión de MNF es eliminar el lucro del crimen, erradicar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense. MNF emprende acciones penales y de recuperación de activos, tanto civiles como penales, contra: facilitadores financieros que blanquean ganancias para delincuentes; instituciones financieras y sus directivos, como además de los empleados cuyas acciones amenazan el sistema financiero y las instituciones financieras estadounidenses; blanqueadores de dinero internacionales que apoyan el crimen organizado transnacional y la cúpula de las organizaciones internacionales de narcotráfico.

Una acusación formal es simplemente una alegación. Se presume que todos los acusados son culpables.

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