Un gran jurado federal acusa a 11 inmigrantes ilegales venezolanos, cómo también colombianos por tráfico sexual, de drogas y de armas de fuego
Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación cooperación traducción y edición actualización julio 09 de 2026 | Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Ohio, informe y fotos, Martes, 30 de junio de 2026.-Columbus, Ohio – Once inmigrantes indocumentados de Venezuela y Colombia han sido acusados a nivel federal en un caso relacionado con la trata sexual de una menor y una adulta, narcotráfico y tráfico de armas de fuego. Diez de ellos fueron arrestados el mismo día 30 de junio de 2026 en Ohio, Tennessee, Carolina del Norte y Florida.
“Estos acusados, diez de los cuales se encuentran actualmente en el país de forma ilegal, presuntamente participaron en una amplia gama de actividades de tráfico ilícito, desde drogas y armas de fuego hasta personas”, declaró el fiscal federal Dominick S. Gerace II. “No toleramos a nadie que cometa tales delitos en nuestras comunidades y los procesaremos con todo el peso de la ley”.
“Seguiremos trabajando arduamente para mantener a Ohio seguro y sacar de las calles a los narcóticos, las armas de fuego y los delincuentes violentos”, declaró Jason Cromartie, agente especial a cargo del FBI en Cincinnati. “Estas acusaciones no serían posibles sin la sólida colaboración con nuestros socios estatales, locales y federales”.
“Las acciones de aplicación de la ley de hoy son el resultado de la coordinación continua con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar redes de delincuentes que poseen y venden armas de fuego ilegalmente”, indicó el agente especial a cargo de la ATF, Jorge Rosendo. “La ATF seguirá exigiendo responsabilidades a quienes violen las leyes federales sobre armas de fuego”.
“Esta acusación demuestra el firme compromiso del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de proteger a nuestras comunidades de las organizaciones criminales transnacionales que se lucran explotando a personas vulnerables y traficando con drogas y armas peligrosas”, declaró Jared Murphey, agente especial interino a cargo de HSI Detroit. “HSI, en colaboración con nuestros socios de las fuerzas del orden, continuará investigando y desmantelando con determinación las redes criminales que amenazan la seguridad pública”.
Una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) dió lugar a la acusación formal de 30 cargos que se presentó el 11 de junio y que se hizo pública el 30 de junio de 2026.
Según la acusación, entre julio y agosto de 2025, cuatro de los acusados conspiraron para traficar sexualmente a una menor de entre 14 y 18 años y a una víctima adulta. El documento de acusación detalla que, en relación con esta presunta conspiración, los acusados viajaron entre estados para promover la prostitución. Otros cargos incluían la creación de anuncios comerciales de servicios sexuales en línea en la zona central de Ohio.
Desde al menos mayo de 2025 hasta abril de 2026, los acusados presuntamente participaron en una conspiración de narcotráfico que involucraba MDMA o éxtasis. Finalmente, la acusación formal alega que algunos de los acusados poseían armas de fuego ilegalmente por ser inmigrantes indocumentados y traficaron ilegalmente al menos nueve armas de fuego.
Entre los acusados y la lista de cargos que se les imputan se encuentran:
Dominick S. Gerace II, Fiscal Federal del Distrito Sur de Ohio; Jason Cromartie, Agente Especial a Cargo de la División de Cincinnati del Buró Federal de Investigaciones (FBI); Jorge Rosendo, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos; y Jared Murphey, Agente Especial Interino a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en Detroit, anunciaron los cargos. La División de Policía de Columbus, la DEA, la Oficina del Sheriff del Condado de Franklin y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos brindaron asistencia significativa en este caso. Las Fiscales Federales Auxiliares Sheila G. Lafferty y Jennifer M. Rausch representan a los Estados Unidos.
Este caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida por la Orden Ejecutiva 14159, que protege al pueblo estadounidense contra la invasión.
El HSTF es una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.
Mediante una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF moviliza todo el poder de las fuerzas del orden estadounidenses para identificar, investigar y enjuiciar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de las fronteras. En el desempeño de esta labor, el HSTF pone especial énfasis en investigar y enjuiciar a quienes participan en el tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños. Además, el HSTF utiliza todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a los extranjeros criminales más violentos. El HSTF Columbus está integrado por agentes y oficiales de agencias federales, estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley.
Una acusación formal sólo contiene alegaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal de justicia.
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