Una fuerza de tarea de seguridad nacional arresta a Álvaro Pulido Vargas para enfrentar cargos en tramas multimillonarias venezolanas de blanqueo de capitales y soborno
Acusación formal de 2021
Objeto de la acusación: un gran jurado federal presentó una acusación formal contra Álvaro Pulido Vargas y varios coacusados por su participación presunta en una conspiración de blanqueo de capitales y múltiples delitos de lavado de dinero.
Monto involucrado: la trama se centró en contratos gubernamentales fraudulentos por un valor aproximado de 1.600 millones de dólares estadounidenses vinculados al suministro de alimentos y medicinas.
El mecanismo (CLAP): Los acusados utilizaron el programa gubernamental venezolano conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), concebido teóricamente para proveer alimentos y medicinas a la población, para asegurar contratos lucrativos mediante el pago de sobornos a funcionarios del régimen.
Inflado de costos y enriquecimiento: los implicados elevaron artificialmente los costos de los contratos para sufragar los sobornos prometidos y desviar fondos en beneficio propio.
Ruta del dinero ilícito: las ganancias de la corrupción fueron transferidas y blanqueadas a través de redes de cuentas bancarias localizadas en múltiples jurisdicciones internacionales, incluyendo Antigua, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos (en particular, el Distrito Sur de Florida).
Cargos penales: la acusación formal incluye cargos por conspiración para cometer blanqueo de capitales y múltiples delitos de lavado de dinero, cada uno con penas máximas de hasta 20 años de prisión federal.
Documento
Acusación formal de 2019
Álvaro Pulido Vargas y Alex Nain Saab Morán:
Objeto de la acusación: un gran jurado federal presentó una acusación formal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida contra Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas (bajo el alias de Germán Enrique Rubio Salas), por cargos de conspiración y blanqueo de capitales.
Monto involucrado: La trama involucró el lavado de aproximadamente 350 millones de dólares, vinculados a un sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.
El mecanismo (CADIVI y contratos de vivienda): los acusados obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano para la construcción de unidades de vivienda de interés social. Para explotar el sistema de control de divisas operado por CADIVI, presentaron documentos e facturas de importación falsas de bienes y materiales de construcción que nunca fueron importados a Venezuela.
Sobornos a funcionarios: para lograr la aprobación de estos documentos ficticios, los acusados pagaron sobornos a funcionarios gubernamentales de agencias venezolanas como el SENIAT, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y CADIVI. Incluso recurrieron a maniobras como fotografiar un solo envío de mercancía en diferentes lugares para simular múltiples importaciones legítimas.
Ruta y blanqueo del dinero: los fondos obtenidos ilegalmente fueron transferidos desde cuentas en Venezuela hacia cuentas corresponsales en Estados Unidos y, posteriormente, redirigidos a cuentas en el extranjero controladas por los acusados, además de financiar gastos y distribuir ganancias a través de cuentas en el Distrito Sur de Florida.
Cargos penales: la acusación formal incluye un cargo por conspiración para cometer blanqueo de capitales y siete cargos por blanqueo de instrumentos monetarios, cada uno con una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal, además de contemplar la confiscación de bienes y millones de dólares vinculados a los ilícitos.
Documento
Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición, actualización octubre 12 de 2026 | Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de Asuntos Públicos, informe e imágenes, octubre 11 de 2026.- Un ciudadano colombiano acusado en dos acusaciones formales federales separadas que involucran el presunto blanqueo de más de 2.000 millones de dólares [estadounidenses] en conexión con tramas de soborno del gobierno venezolano se previó realizar su comparecencia inicial en la tarde del martes 13 de octubre en el distrito sur de Florida para enfrentar un proceso judicial federal.
Según los documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas, también conocido como «Germán Enrique Rubio Salas», de 62 años, de Colombia, fue acusado formalmente en 2019 y nuevamente en 2021 por su presunta participación en tramas separadas para blanquear ganancias de sobornos y fraudes que involucraban a funcionarios del gobierno venezolano del régimen de Nicolás Maduro. Antes de estos presuntos delitos, Pulido Vargas tenía un historial prolífico de narcotráfico, incluida una condena en 1997 en Italia, bajo el alias de Germán Enrique Rubio Salas.
"Álvaro Pulido Vargas ya no es un fugitivo de la justicia", declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia. "Pulido está acusado en dos tramas significativas y separadas de blanqueo de capitales, ambas utilizando el sistema financiero de Estados Unidos para ocultar las ganancias de su soborno y codicia a costa del pueblo venezolano. El mensaje para cualquiera que introduzca sus tramas de soborno extranjero o blanqueo de capitales dentro de nuestras fronteras es claro: el Departamento de Justicia de Estados Unidos perseguirá estas tramas y procesará a quienes las perpetren".
"Álvaro Pulido Vargas fue acusado hace años de participar en tramas masivas de blanqueo de capitales y soborno vinculadas al régimen de Maduro", declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida. "Las acusaciones describen una profunda traición al pueblo venezolano, corrompiendo programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y viviendas fundamentales para enriquecimiento personal. Hoy, gracias a la persistencia y coordinación de nuestras fuerzas de seguridad federales y socios internacionales, Pulido Vargas se encuentra en el Distrito Sur de Florida para enfrentar dichos cargos. Quienes son acusados de explotar el sistema financiero estadounidense deben comprender que la distancia, las fronteras y el tiempo no los protegerán del alcance del sistema legal estadounidense. Continuaremos trabajando con nuestros socios a nivel nacional e internacional para llevar a los acusados ante un tribunal estadounidense a responder por los cargos en su contra".
"Álvaro Pulido Vargas está acusado de mover vastas cantidades de dinero ilícito a través de una red corrupta que explotó al pueblo venezolano y abusó del sistema financiero estadounidense", declaró el administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole. "Durante años, la DEA y nuestros socios de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF) han perseguido a Pulido Vargas a través de las fronteras. Hoy, esa persecución lo ha traído al Distrito Sur de Florida. Quienes financian redes criminales y creen que el dinero, la influencia o las fronteras internacionales los protegerán de la justicia estadounidense están equivocados. La DEA perseguirá implacablemente a las personas y a las redes financieras que alimentan la corrupción, el blanqueo de capitales y el crimen transnacional que amenazan a Estados Unidos y a nuestros socios".
"El arresto de hoy demuestra que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y nuestros socios de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional perseguirán implacablemente las redes financieras ilícitas que permiten la corrupción, la actividad delictiva transnacional y la explotación de poblaciones vulnerables", declaró el director ejecutivo adjunto interino de HSI, John A. Condon. "Trabajando con nuestros socios nacionales e internacionales encargados de hacer cumplir la ley, HSI continuará siguiendo el dinero, desarticulando complejos esquemas de blanqueo de capitales y responsabilizando a quienes presuntamente utilizan el sistema financiero estadounidense para ocultar ganancias criminales".
La acusación formal de 2021
En octubre de 2021, un gran jurado federal emitió una acusación formal en la que incrimina a Pulido Vargas y a cuatro coacusados de blanquear ganancias procedentes de una presunta trama de soborno que involucraba aproximadamente 1.600 millones de dólares estadounidenses en contratos del gobierno venezolano para proporcionar alimentos y medicinas.
Según la acusación formal, desde aproximadamente julio de 2015 hasta al menos 2020, Pulido Vargas y sus co conspiradores obtuvieron lucrativos contratos gubernamentales a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa controlado por el gobierno venezolano, destinado a proporcionar alimentos y medicinas al pueblo venezolano, mediante el pago de sobornos a funcionarios venezolanos.
Los acusados supuestamente inflaron los costos de los contratos para financiar los sobornos y enriquecerse a sí mismos. También presuntamente blanquearon las ganancias a través de cuentas bancarias en Antigua, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y otros lugares.
Como resultado de la trama, Pulido Vargas y sus co conspiradores, presuntamente, recibieron aproximadamente 1.600 millones de dólares del gobierno venezolano y transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares a través de o hacia Estados Unidos, incluidas cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.
Pulido Vargas está acusado de conspiración para cometer blanqueo de capitales y de cuatro cargos de blanqueo de capitales, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años en prisión federal.
La acusación formal de 2019
En un caso separado, Pulido Vargas y Alex Nain Saab Morán —un aliado del régimen de Maduro— fueron acusados formalmente en julio de 2019 por presuntamente blanquear aproximadamente 350 millones de dólares en conexión con una trama de soborno relacionada con el sistema de cambio de divisas controlado por el gobierno de Venezuela.
Según la acusación formal, desde aproximadamente noviembre de 2011 y al menos hasta septiembre de 2015, Pulido Vargas y Saab Morán conspiraron con otros para blanquear las ganancias de una trama ilegal de sobornos a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
Pulido Vargas y Saab Morán supuestamente obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano para construir unidades de vivienda de interés social. Posteriormente, explotaron el tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes, como también materiales que nunca fueron importados a Venezuela, sobornando a funcionarios del gobierno venezolano para que aprobaran dichos documentos.
Para ocultar las ganancias ilícitas, Pulido Vargas y Saab Morán supuestamente transfirieron mediante giros dinero, relacionado con la trama, a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida, aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela, paseando por Estados Unidos, hacia cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.
Pulido Vargas está acusado de conspiración para cometer blanqueo de capitales y de siete cargos de blanqueo de capitales en relación con la trama.
La división de campo de la DEA en Miami, el FBI en Miami y HSI en Miami se ocuparon de la investigación de estos casos.
La fiscal federal adjunta, Monique Botero, del Distrito Sur de Florida, y el jefe adjunto Joseph Palazzo, de la Sección de Blanqueo de Capitales, Narcóticos y Decomiso de la División de lo Penal, estaban, en la fecha de remisión del presente informe, procesando los casos, junto con la jefa adjunta Katherine Raut, de la Sección de Delitos de Cuello Blanco y Cumplimiento Corporativo de la División de lo Penal.
Este arresto y procesamiento forma parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF) establecida por la Orden Ejecutiva 14159, titulada «Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión». La HSTF es una asociación de todo el Estado dedicada a eliminar los cárteles criminales, las pandillas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales, las redes de contrabando, la trata de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero. A través de una colaboración interinstitucional histórica, la HSTF dirige toda la fuerza del orden de Estados Unidos hacia la identificación, investigación y enjuiciamiento de todo el espectro de delitos cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de las fronteras. Al realizar este trabajo, la HSTF pone especial énfasis en investigar y procesar a quienes participan en la trata de menores u otros delitos que involucren a niños. Asimismo, la HSTF utiliza todas las herramientas disponibles para procesar y expulsar de Estados Unidos a los extranjeros criminales más violentos. La Agencia de Miami está compuesta por agentes, como así también oficiales de la división de campo de la DEA en Miami, el FBI en Miami, HSI en Miami y el enjuiciamiento está dirigido por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Miami.
Una acusación formal es meramente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
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