Cuadro de daños colaterales de la corrupción en México

• Institucional de( la Organización Internacional de Policías (OIPOL) – Por International Police Association México (IPA)

México DF- El sistema de desarrollo policial en México es inexistente en los hechos. Los policías trabajan con salarios precarios y casi la mitad de ellos no ganan ni 10 mil pesos. El 70 % nunca ha recibido un ascenso, 16 % ha sido víctima de abuso sexual y, por si fuera poco, varios son obligados a hacer labores que nada tiene que ver su trabajo, como recoger basura o hasta ir a votar por un candidato.

Un estudio desnuda las carencias en las que trabajan los integrantes de las corporaciones policiales, tanto en materia de preparación y desarrollo, como en equipamiento.

Por ejemplo, poco más del 45 % de los policías tiene un salario por debajo de los 10 mil pesos, mientras que el 39% percibe un salario de entre 10 y 15 mil pesos mensuales. Solamente el 15 % de los encuestados reconoció que tiene un salario por encima de los 15 mil pesos.

Tener bajos salarios es un problema para los policías, pero lo es más cuando tienen que pagar por sus propios materiales de trabajo. El 41 % de los elementos estatales ha tenido que poner de su bolsa para comprar botas; el 38 % para comprar su uniforme; 32 % ha tenido que pagar con su sueldo la papelería para informes; el 26 % pone de su dinero para hacer reparaciones a la patrulla.

El 20 % de los policías también ha tenido que gastar en cartuchos para sus armas; otro 12 % gasta en gasolina para sus vehículos y el 11 % en algo vital: chalecos antibalas.

¿Qué hay de tener un futuro y progreso como policía? Difícil, pues el 61 % de los policías desconoce por completo cuál es el procedimiento (si es que existe) para obtener ascensos, y de hecho, el 36 % de los agentes considera que los ascensos llegan por “recomendaciones” y no por méritos.

¿Un ascenso? 68 % de los elementos reconoció que nunca ha tenido uno en toda su carrera mientras que un 14 % señala que el ascenso que tuvieron fue hace más de tres años. Solo un siete % de los policías ha recibido un aumento en su último año de trabajo.

Si hablamos de estímulos económicos o algún tipo de reconocimiento por su labor, la realidad es todavía peor. El 89 % de los agentes asegura que nunca ha recibido este tipo de incentivos.

La labor de un elemento de Seguridad Pública es prevenir el delito en cualquiera de sus manifestaciones. Pero los policías en México son utilizados frecuentemente para trabajos que nada tienen que ver con su responsabilidad.

Los resultados de la encuesta ¿Qué piensa la Policía? evidencian, por ejemplo, que el 15 % de los uniformados reconoce que ha sido utilizado para “encargos personales” de sus jefes, o sea de mandaderos. Incluso, al 9.5 % le encargan recoger basura o destapar coladeras.

7% de los policías reconoce que le han pedido hacer encargos hasta para familiares del mando superior. Al 5% lo han puesto a hacer trabajos de mantenimiento en sitios públicos y a otro 5 % le ha ordenado ir a votar por un candidato en elecciones.

 Tres de cada 10 agentes aseguraron haber sido objeto de humillaciones durante su época como policía, y un porcentaje similar afirmó haber padecido algún tipo de discriminación.

16 % admitió un abuso sexual en su carrera y otro 15 % reportó abusos físicos en el trabajo.

Para 4 de cada 10 policías en el país hay corrupción en la corporación donde trabaja, 30% no sabe si la hay, y el resto lo niega.

Causa en Común advierte también una actuación prejuiciosa de los agentes por una preparación inadecuada, pues tres de cada 10 elementos sostuvieron que la identificación de personas sospechosas la hacen por su apariencia, ya sea por la vestimenta o por su apariencia física.

Marcela Figueroa, investigadora de la organización, señala que los resultados de esta encuesta dejan en claro tanto las deficiencias en la formación de los policías estatales en nuestro país, así como el desconocimiento pleno de las condiciones en que desarrollan su profesión.

“No hay carrera policial en este país, pero no solo eso. Los policías no conocen sus derechos ni sus obligaciones y eso es gravísimo. Muchas veces las corporaciones si pueden tener ciertos procesos, pero los agentes no los conocen y eso es igual a cero”, dijo.

Laura Carrera Lugo, coordinadora del Sistema de Desarrollo de la Policía Federal confirmó que las deficiencias identificadas en el estudio de Causa en Común son reales aun cuando se han hecho esfuerzos para tratar de revertir esta situación.

En su intervención en el Foro Sumemos Causas, tras la presentación de resultados de la encuesta, la funcionaria y especialista reconocía que el diseño de la carrera policial en el papel se quedó a medias lo que contribuye a que los avances en los hechos sean mínimos.

Una situación que ha hecho más evidente y profunda esta deficiencia es la necesidad que tiene el país de más uniformados ante las condiciones de inseguridad, lo que provoca que la formación y capacitación sea raquítica. Se pondera cantidad sobre calidad.

“Muchas veces lo que quieren las autoridades políticas es cocinar policías de un día para otro, capacitándolos desde 15 días hasta seis meses en el mejor de los casos, cuando en realidad el mínimo que marcan los estándares de capacitación, pero el mínimo debe ser de un año”, subrayó.

La especialista en temas de seguridad Elena Azaola Garrido dijo que ni siquiera se puede hablar de un tema de recursos económicos pues en los últimos años el presupuesto para la seguridad se ha incrementado. Lo que, si se necesita, en cambio, es gastar mejor esos recursos.

“Hay que hacer ver a las autoridades que tienen que dar respuestas a las necesidades de los policías como una condición ineludible para que hagan su trabajo los policías”, dijo la experta, que además estimó conveniente – como varios especialistas más – que se revise la seguridad social de los policías pues sus derechos, de acuerdo con el apartado B del artículo 123 constitucional, se encuentran acotados.

Para esto ya se han realizado muchos Foros, Congresos y Conversatorios también por otras asociaciones policiales pertenecientes a la sociedad civil y sin fines de lucro (en México está prohibido tener sindicatos de policías operativos) y se logró en el año 2017 que la cámara de diputados se aprobara la reforma constitucional a dicho artículo 123 apartado B fracción décimo tercera segundo párrafo donde nos indica que todo policía que sea retirado de su servicio y este gane el juicio laboral correspondiente no será reinstalado en sus antiguas labores, en este momento solo falta la aprobación de la cámara de senadores para que suceda lo contrario, esto es que si un policía demuestra mediante juicio que no debió ser despedido tenga la opción de reingresar a la fuerza policial con la misma jerarquía que tenía antes de ser despedido. Esto es solo la punta de la lanza para lograr la dignificacion de la labor policial en México.

Una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de México de 2017 concluyó que el 65,7% de los mexicanos consideraba que los cuerpos policiales estaban controlados por el crimen organizado. El 83,1% de los 1.326 participantes respondió que en México hay mucha delincuencia y el 66,5% consideró que es poco o nada probable acabar con la corrupción en su país.

Según la organización mexicana Causa en Común, la corrupción “es una de las principales causas de desconfianza ciudadana en sus instituciones” y se da, entre otros motivos, por “avaricia” y “motivaciones personales como el ego o el deseo por el poder”, escriben en su página web.

Datos del Gobierno de México muestran que un policía cobra de media 554 dólares al mes —el monto va creciendo conforme se asciende en el cuerpo, hasta llegar a los 2.658 dólares mensuales en el cargo de comisario—. La cifra es similar a la de sus compañeros de Colombia (donde el sueldo inicial ronda los 505 dólares mensuales), o Chile (donde comienzan con 508 dólares/mes como sueldo base), pero es notablemente inferior a los 3.541 dólares con los que empieza un policía en Nueva York(EE.UU.), por ejemplo.

En una publicación de 2015 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Carlos Santiso, jefe de la división de Capacidad Institucional del Estado del BID, y Nathalie Alvarado, de la unidad de Seguridad Ciudadana y Justicia de esta entidad, argumentaban que una de las prioridades de América Latina era reformar la Policía.

Ambos expertos ponían el ejemplo de Ecuador: “Se ha duplicado el presupuesto para la seguridad”, decían, “y se aumentaron los sueldos de los agentes para contar con la policía nacional mejor pagada de la región”. ¿El resultado? “Estas reformas contribuyeron para obtener resultados importantes; el índice de homicidios cayó un 64% en tres años y [la tasa] llegó aproximadamente al 8 [homicidios por cada 100.000 habitantes] en 2014”, escribieron.

Sin embargo, un análisis de InSight Crime de 2011 argumentaba que subir los sueldos, por sí solo, no eliminaría la corrupción en México. “Ese enfoque es solo una parte de las reformas necesarias para que la aplicación de la ley en el país sea más honesta”, decía el texto.

Esa es la misma opinión de Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadanos de México, quien puso especial énfasis en las condiciones laborales de los agentes de seguridad.

Este experto no negó el poder del dinero para corromper a policías en el país, pero puso especial énfasis en otras cuestiones.

“Las prestaciones laborales son inadecuadas”, dijo, asegurando que muchos agentes “no tienen seguros de gastos médicos” o que sus seguros de vida “son sumamente ridículos”.

“Hay algunos casos en los cuales la debilidad institucional pone a los policías, que no es que quieran corromperse por una cuestión económica, sino que no les queda otra”, aseguró. “Tienen que enfrentar el embate de una criminalidad organizada mucho mejor equipada y que utiliza medios coercitivos muy agresivos en un contexto en el que no hay quien proteja a la misma autoridad. Se gastan miles de millones de pesos y eso no ha garantizado ni mejores condiciones laborales para los policías ni mejores resultados en materia de seguridad para los ciudadanos”.

Hay que cambiar la ecuación de manera tal que el gasto impacte donde tiene que impactar”.

Expertos ponían el ejemplo de Ecuador: “Se ha duplicado el presupuesto para la seguridad”, decían, “y se aumentaron los sueldos de los agentes para contar con la policía nacional mejor pagada de la región”. ¿El resultado? “Estas reformas contribuyeron para obtener resultados importantes; el índice de homicidios cayó un 64% en tres años y [la tasa] llegó aproximadamente al 8 [homicidios por cada 100.000 habitantes] en 2014”, escribieron.

Sin embargo, un análisis de InSight Crime de 2011 argumentaba que subir los sueldos, por sí solo, no eliminaría la corrupción en México. “Ese enfoque es solo una parte de las reformas necesarias para que la aplicación de la ley en el país sea más honesta”, decía el texto.

Esa es la misma opinión de Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadanos de México, quien puso especial énfasis en las condiciones laborales de los agentes de seguridad.

“Indudablemente, las condiciones laborales, no solo salariales, son un caldo de cultivo negativo en términos de incentivos que puede tener una persona para corromperse”.

Lamentablemente, en buena parte de los delitos en el país, siempre aparece un policía coludido con secuestradores, sicarios o pandilleros de los narcotraficantes.

No es ningún secreto que la situación de gran delincuencia que ocurre en México se debe a la ineptitud y corrupción de las policías, los ministerios públicos y los jueces.

La cadena de la procuración de justicia está totalmente penetrada por la delincuencia.

Existe en el país una Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que, según su artículo 17, “la posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional” para su registro.

Por supuesto que lo que manda la Constitución, ni las propias autoridades las respetan porque el país está lleno de armas que se portan ilegalmente, lo mismo en la calle que en un restaurante o un centro nocturno y se usan para asesinar.

Entre 2009 y 2016, el 50 por ciento de los homicidios ocurrían con arma de fuego. En 2017, aumentó a 65 el porcentaje.

El año pasado, también la venta legal de armas creció. El año pasado, la Sedena vendió 40 armas de fuego diario y un total de 14 mil 400 al año.

Desde una pistola 22 a una bazuca, no se producen en México. Se compran a los Estados Unidos y se pasan por las fronteras nacionales.

La PGR ubica cuatro rutas para el ingreso ilegal de armas. El Pacífico, por Tijuana, Mexicali, Nogales, Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca; el Centro, por Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca; el Golfo, por Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Ciudad Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Veracruz y Oaxaca; y el Sur por Balacán, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula y Ciudad Hidalgo.

El actual gobierno ha destinado 70 mil millones de pesos en apoyo a estados y municipios a través de diversos fondos y subsidios destinados a la seguridad.

Todo fue dinero mal gastado, porque ningún índice delictivo ha disminuido. Al contrario, todos registraron un aumento de hasta el 100 por ciento.

En los últimos cinco años, se han promulgado tres leyes para el combate a la inseguridad. Primero, fue el nuevo Sistema de Justicia Penal, que pasó de la culpa a la presunción de inocencia.

Tal medida permitió que salieran libres, a volver a sus fechorías, más de 10 mil presos

También, se intentó establecer el Mando Único Policial, tan útil como la carabina de Ambrosio, que sigue durmiendo el sueño de los justos hasta que el 2 de julio los mexicanos acudan a las casillas a votar por el nuevo Presidente y, de paso, incluirán una boleta para definir si el pueblo acepta o no esta nueva policía.

Conociendo lo inescrupulosas y corruptas que son las policías nacionales, puede anticiparse, sin temor, que el Mando Único sólo servirá como instrumento de los gobernantes para robar los recursos públicos, más de lo que ya lo hacen.

En tercer lugar, se aprobó y promulgó la Ley de Seguridad Interior, que regula la participación del Ejército en labores de seguridad pública, algo que hace desde el 2006 cuando Felipe Calderón sacó a los militares a las calles para legitimar el fraude electoral que lo llevó al poder.

Pero el riesgo real es que se abre la puerta para un “cuartelazo”. Ante las críticas de diversos sectores y organismos internacionales, el presidente Peña Nieto la promulgó pero la envió a la Suprema Corte de Justicia para que definiera su constitucionalidad.

El investigador de la UNAM, Gleb Zingerman, dijo que “los problemas ligados a la delincuencia organizada y a las amenazas del terrorismo son fenómenos que poseen potencial de desestabilizar a gobiernos democráticos, tal y como lo demuestran claramente los casos de Colombia y Georgia.”

A pesar de que México ya tenía sus leyes de armas y explosivos, y contra la delincuencia organizada de 1972 y 1996, las convenciones internacionales crearon la obligación para los países miembros de utilizar todos los mecanismos legales a su alcance, inclusive la fuerza de cooperación.

Se siguen dando muchos discursos en torno al tema de la seguridad, se desgañitan los legisladores de oposición en afirmar que México se ha convertido un Estado fallido, los diputados “de la vela perpetua” predican el amor al prójimo con la metralleta en la mano y así sucesivamente son las contradicciones mexicanas, en torno a sus leyes, aunque sean tan importantes como la de impedir que los delincuentes sigan allegándose armas para cometer sus delitos.

Resulta crucial que haya políticas y estrategias multiespectrales que abarquen no solamente el problema de tráfico de armas, municiones y explosivos, sino también sus nexos con la delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo

No es novedad que la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra fracturada. Tampoco lo es el gran distanciamiento que existe.

Los ciudadanos desconfían de la policía, muchos la consideran corrupta, poco preparada y abusiva, que ha existido en el olvido institucional, por así servir a los fines del poder público. En la práctica, se puede observar que los miembros de las instituciones de policía históricamente han recibido una formación improvisada e insuficiente y rara vez se les ha infundido la importancia que su rol social tiene para el mantenimiento de las instituciones y en la construcción de relaciones sociales capaces de resolver los conflictos y las diferencias de manera pacífica.

Las prácticas policiales que derivan en abusos tienen en su origen una estructura jerárquica poco democrática, vertical y abusiva de su propio poder.

En México los mandos policiales son seleccionados principalmente por su cercanía con el jefe político local, sea presidente municipal, de una entidad o del propio país.

Rara vez se hace un análisis que permita garantizar que su perfil profesional sea apto para el cargo y, en todo caso, se valora más su lealtad política.

Esto provoca que, con frecuencia sean nombrados mandos policiales que no tienen la experiencia, el conocimiento, ni la sensibilidad para atender los temas de seguridad y policía.

Son mandos que muchas veces operan más al servicio de intereses políticos y que no tienen incentivos para actuar en favor de la población, en tanto fueron nombrados por un jefe político, que también es el encargado de removerlos y, por tanto, los usa según sus propias necesidades e intereses, que no siempre son los del pueblo.

Así pues, en buena medida, la corrupción y el abuso por parte de la autoridad, son ingredientes que nuestras instituciones policiales padecen debido a condiciones estructurales creadas desde el poder político, que la ha formado a su modo para mantener el control social y aprovechar los beneficios que sus características permiten, lo que provoca que tengan un desempeño poco aceptable, como se verá más adelante.

Según el artículo Relaciones de autoridad y abuso policial en la Ciudad de México, “el abuso policial es un fenómeno complejo que obedece a factores de diferentes niveles. Comprende formas tradicionales de efectuar el trabajo policial ajenas a principios democráticos, en las que el control sobre la población, en particular sobre ciertos grupos, es visto como una capacidad ‘natural’ de su trabajo; incluye prácticas de extorsión a la ciudadanía ampliamente institucionalizadas, y depende de factores culturales de la organización policial, no ajenos al resto de la sociedad, en los que se establecen pautas morales sobre quién merece ser castigado”.

Partiendo de esta lógica, el abuso policial y el abuso de autoridad en general, ocurre cuando un servidor público aprovecha su cargo o funciones para sacar algún tipo de provecho personal o para beneficio de sus compañeros o superiores jerárquicos.

A diferencia de un funcionario público tradicional, la Policía y las fuerzas de seguridad en general abusan a partir del uso de la violencia. Por ejemplo, cuando realizan una detención y no permiten que el detenido se defienda conforme a derecho o cuando, durante una protesta, incurren en uso excesivo de la fuerza, actuando contra los protocolos dispuestos para ello. Protocolos que, con frecuencia, el personal desconoce.

Añadido a este diseño estructural en la cadena jerárquica, todavía no ha sido posible consolidar un sistema de formación profesional que dote a los agentes de policía de las herramientas conceptuales, metodológicas y doctrinales de su función. Al respecto, existe un programa rector de profesionalización (2014), pero no ha sido realizada, a la fecha, una evaluación que nos permita conocer su grado de penetración y eficiencia en la formación policial. Y al no existir una base de formación profesional sólida, miles de policías simplemente carecen, total o parcialmente, de los conocimientos y las habilidades necesarias para cumplir su función. Esto se evidencia en personal que no sabe tratar a la gente ni hacer valer, por vías pacíficas y argumentales, la autoridad conferida por el Estado: o es muy grosero, o a veces demasiado servil, depende del tipo de persona con quien toque tratar y de acuerdo a una muy particular visión de la criminalización que tiende a agredir a los más pobres y rendir tributo a los más poderosos.

Así, la Policía con frecuencia es señalada por abusar de su condición para obtener beneficios que los ciudadanos a menudo observamos como actos de corrupción. Esto se debe, además de los factores ya mencionados a que los ciudadanos desconocen sus derechos y en muchas ocasiones prefieren arreglar sus problemas con la autoridad de una manera directa, a través de sobornos o el uso de “influencias” y, en segundo lugar, los policías son a menudo presionados u obligados por sus mandos a llenar cuotas de detenidos o de “mordidas” para demostrar eficiencia y para aprovechar su cargo.

Los abusos policiales más conocidos y cuestionados por los ciudadanos son: cohecho, extorsión, privación ilegal de la libertad y abuso sexual. Según el secretario de seguridad pública de la Ciudad de México, tan solo en 2014, 1,200 oficiales de policía fueron dados de baja a causa de estas conductas. Pero no se puede olvidar la tortura, que, según Amnistía Internacional, se produce en 7 de cada 10 mujeres detenidas en México. Esta misma organización tiene documentados 7 mil casos de tortura hasta principios de 2016, de los cuales, solo 5 han recibido sentencias condenatorias.

Es más, según la ONU, “la CNDH informó de 11.608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. La Comisión de Derechos Humanos del D.F. recibió 386 quejas de tortura entre 2011 y febrero de 2014. La sociedad civil informó de más de 500 casos documentados entre 2006 y 2014. […] Ante 11.254 quejas de torturas y malos tratos recibidas entre 2005 y 2013, la CNDH emitió 223 recomendaciones, sobre las cuales no existe una sola sentencia penal.” Con estos argumentos, sentencia que la tortura es un problema de abuso policial generalizado en México.

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) las instituciones menos confiables en materia de seguridad son la Policía Municipal (48.7%), el Ministerio Público (47.6), la Policía Ministerial (47.5%) y la Policía Estatal (42.8). El orden de la desconfianza se debe a muchos factores, pero la corrupción es uno de los principales, la encuesta Nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental 2015, marca que 48.9% de la población percibe a la corrupción como algo de frecuente ocurrencia en su entidad.

Es procedente indicar que la información fue facilitada por International Police Association (IPA). Edición para OIPOL, Luján Frank Maraschio.