Otra acción del Estado colombiano para buscar recuperar narcoterroristas

• Colombia ofrecerá beneficios a los miembros que renuncien a  grupos armados como: reducción de pena, acompañamiento para a reinserción al mercado de trabajo y apoyo económico con beneficios de salud y educación para la familia

A finales de abril, el Gobierno de Colombia anunció que ofrecería beneficios para integrantes de grupos armados organizados (GAO) que desean reincorporarse a la vida civil. La política aplicaría a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Clan del Golfo, los Pelusos y los Caparros (también conocidos como los Caparrapos) –todos grupos vinculados al narcotráfico.

Esta oferta incluirá una condena reducida, acompañamiento para la reinserción laboral y apoyo económico con beneficios para la salud y la educación para la familia, destacó en rueda de prensa el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno Colombiano, Miguel Ceballos, que lidera la política cuyos detalles se están estableciendo.

“Esta es una nueva oportunidad para que los miembros de los grupos armados organizados que quieren hacer un tránsito a la legalidad, un tránsito y un sometimiento a la justicia, puedan tener una ruta para ellos”, dijo Ceballos.

Hasta ahora, detalló el comisionado, los beneficios legales existían para todos los integrantes de GAO que deseaban someterse a la justicia. Otros beneficios (como el acompañamiento para la reinserción laboral y el apoyo económico) ya aplicaban desde el 2003 a miembros del ELN y, hasta el acuerdo de paz de 2016, a integrantes de las FARC.

“En el caso de los miembros de los otros cuatro grupos armados organizados, el Gobierno Nacional establecerá en pocos días el sometimiento individual de sus integrantes, para que al igual que en el caso del ELN, tengan beneficios individuales para sí mismos y para sus familias, que van a cubrir no solamente los primeros meses, sino, […] que los acompañan durante varios años de inserción en la vida civil”, agregó el comisionado.

Según César Augusto López Quintero, analista colombiano en defensa y seguridad nacional de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia, varios factores llevaron al Gobierno a ampliar su política de beneficios. Uno de ellos explicó, es la necesidad de disminuir la violencia en algunos territorios del país.

“En este momento Colombia tiene un gran problema con los homicidios y masacres contra los defensores de derechos humanos, contra líderes de movimientos sociales y movimientos políticos”, dijo López. “Y la forma de bajarle la presión [a estos homicidios] es buscando como reincorporar con algunas garantías a estos miembros de grupos criminales”.

Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el 2019, 107 activistas fueron asesinados en Colombia, mientras 13 casos adicionales siguen en proceso de verificación.

Otro factor, dijo López, es la presión a nivel internacional para que el Gobierno retome los diálogos con el ELN y “esta decisión del Gobierno puede en parte obedecer a esas solicitudes que hacen muchos países para que este proceso de paz se inicie”, explicó.

El comisionado Ceballos precisó que la política se trataba solamente de sometimiento individual y que no habrá ningún tipo de negociación o de diálogo con los cuatros GAO, a diferencia del ELN. La diferencia con el ELN, explicó Ceballos al diario colombiano El Tiempo, es que se le reconoce un carácter político.

Según datos del Gobierno, 73 000 miembros del ELN y de las FARC desmovilizaron desde el 2003. Se estima que los GAO cuentan con unos 7000 integrantes en territorio nacional. Ceballos indicó que entre 2016 y 2019, las Fuerzas Armadas capturaron a 4400 miembros de los cinco GAO.

Es procedente señalar que a información fue facilitada por Myriam Ortega/Diálogo. Edición, Área Periodística Oipol.