Procuraduría de Ecuador: recuperación de capitales por casos de corrupción


  • Juristas ecuatorianos sugieren aprobación de ley de Extinción de Dominio para recuperar capitales de procesos de corrupción
  • Algunos de los casos están vinculados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde el capital bordea los 3,6 millones de dólares o del caso Odebretch, 33,3 millones

Voa News / Edición Oipol – Quito- La Procuraduría General del Estado en Ecuador, a través de la Unidad de Recuperación de Activos prevé el retorno de capitales en procesos de  corrupción por más de 145,4 millones de dólares en los casos que ya tienen sentencias en firme.

Algunos de los casos están vinculados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde el capital bordea los 3,6 millones de dólares o del caso Odebretch, 33,3 millones, y aunque esto fue tomado con optimismo por los ciudadanos, para el abogado penalista, Klever Sigüenza, es importante que las leyes avalen los procesos.

“A través de la ley de extinción de dominio el estado podría de primera mano tomar medidas cautelares sobre los bienes, sean vehículos. La ley de extinción de dominio se aplica a cualquier bien”, explicó Sigüenza.

La ley de extinción de Dominio está siendo votada por la Asamblea Nacional y debería ser aprobada en los próximos días. El vicepresidente del organismo, Patricio Donoso señala que a través de la misma es posible recuperar los capitales.

“Si podemos, si debemos recuperar lo que ha sucedido en los últimos tiempos, aquellos dineros robados al pueblo ecuatoriano”, dijo Donoso.

Los casos contemplan cohecho, lavado de activos, asociación ilícita entre otros. Para  Ramiro García,  presidente Colegio de Abogados de Pichincha el tema debe estar apegado a los derechos constitucionales.

Ramiro García, Presidente Colegio de Abogados Pichincha, señaló: “Una ley como esta tiene como objetivo el ir a la recuperación de los bienes pero siempre y cuando se respeten los límites constitucionales”.

En caso de ser recuperados, los capitales irían a las arcas estatales para ser invertidos en el sector social.

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