Iraquí se confiesa responsable en Estados Unidos de cometer fraude


  • Ciudadano iraquí se declara culpable de conspiración para defraudar el programa de refugiados de Estados Unidos

Oipol Operando en Estados Unidos | Nota del Departamento de Justicia, Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia, miércoles, 26 de enero de 2022 | Traducción y edición Oipol, 27 de enero 2022, Washington DC – Un ciudadano iraquí, Aws Muwafaq Abduljabbar, se declaró culpable el día 26 de enero de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, en relación  a su papel en un plan para defraudar los programas estadounidenses para refugiados.

El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal Matthew M. Graves, el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Dr. Joseph V. Cuffari, el Subsecretario Adjunto y Director Adjunto de Operaciones Nacionales del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mark A. Sullo. 

Abduljabbar, de 43 años, se declaró culpable ante el juez del Tribunal Federal de Distrito Rudolph Contreras, del Distrito de Columbia. Permanece detenido sin fianza pendiente de sentencia el 24 de junio de 2022.

Abduljabbar es uno de los tres acusados ​​en una incriminación que se reveló el 22 de enero de 2021. La acusación a Abduljabbar y a otros dos ciudadanos extranjeros, Haitham Isa Saado Sad, de 43 años, y Olesya Leonidovna Krasilova, de 44, responsables relacionados con un plan para defraudar el Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP) y, en particular, el programa Iraq P-2, que permite a ciertos iraquíes solicitar directamente el reasentamiento de refugiados en los Estados Unidos. Sad se declaró culpable previamente y permanece recluido en espera de sentencia. Krasilova sigue prófuga.

Según la acusación y la declaración de los hechos acordada por Abduljabbar, como parte de su declaración de culpabilidad, desde aproximadamente febrero de 2016 hasta al menos abril de 2019, los tres acusados, encabezados por Abduljabbar, conspiraron para robar registros del gobierno de estadounidense, vinculados con cientos de solicitudes de USRAP. Sad fue empleada en Amman, Jordania, de 2007 a 2016 por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y Krasilova ocupó un puesto similar en la Embajada estadounidense en Moscú, Rusia. Como parte de sus funciones, ambos acusados ​​tenían acceso al Sistema Mundial de Procesamiento de Admisión de Refugiados (WRAPS) del Departamento de Estado, una base de datos que contiene información confidencial, como también no pública sobre los solicitantes de refugio y sus familiares, así como los resultados de controles de seguridad y controles internos. evaluaciones de los funcionarios estadounidenses con respecto a las solicitudes.

Abduljabbar organizó, como además dirigió la conspiración, confiando en Sad y Krasilova, les pagó para robar los registros e información de WRAPS para que Abduljabbar pudiera ayudar a los solicitantes a obtener la admisión a los Estados Unidos a través de medios fraudulentos. Como se describe en la acusación y la declaración de los hechos, el robo de los registros de USRAP crea una serie de riesgos para la seguridad pública y la seguridad nacional al tiempo que impone costos significativos al gobierno de los Estados Unidos, a sus contribuyentes y a los solicitantes legítimos de refugiados afectados negativamente por el esquema.

Los cargos en una acusación son meras alegaciones, se presume que todos los acusados ​​son inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad, más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia. La pena máxima por conspiración para defraudar a los Estados Unidos es de cinco años. La sentencia máxima legal es prescrita por el Congreso y se proporciona aquí con fines informativos. Si es declarado culpable de cualquier delito, la sentencia del acusado será determinada por el tribunal, en base a las Pautas de sentencia consultivas y otros factores legales.

Este caso está siendo investigado conjuntamente por la Oficina del Inspector General del DHS y el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Está siendo procesada por los Fiscales Federales Auxiliares Luke M. Jones y Erik M. Kenerson, de la Sección de Seguridad Nacional de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia ayudó en el caso.

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