Agentes de salud estadounidenses son acusados de disposición de opioides


  • El Departamento de Justicia anuncia acción de aplicación, acusando a 14 individuos, 12 eran profesionales médicos en el momento de estos presuntos delitos profesionales médicos de los delitos de distribución de opioides
  • La fuerza de ataque de opioides recetados, de la región de los Apalaches (ARPO, por sus siglas en inglés) combate la prescripción ilegal, en medio de la continua epidemia de esa droga
Vídeo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en idioma inglés.

Oipol operando en Estados Unidos | Comunicación y video del Departamento de Justicia, mayo 4 de 2022 | Traducción y edición Oipol, mayo 5 de 2022 – El Departamento de Justicia, junto con socios encargados de hacer cumplir la ley, federales y estatales, anunciaron el día 4 de mayo cargos penales contra 14 acusados, ​​en ocho distritos federales de los Estados Unidos. Estos individuos fueron incriminados por su presunta participación en delitos relacionados con la distribución ilegal de opioides. Doce, de los acusados, ​​eran profesionales médicos en el momento de estos presuntos delitos.

“La Acción de Aplicación de Opioides de hoy destaca los últimos esfuerzos del Departamento de Justicia para responder a la epidemia de opiáceos en la nación estadounidense, que sólo el año pasado causó la trágica pérdida de vidas de más de 75,000 personas en los Estados Unidos, debido a sobredosis”, dijo el Fiscal Adjunto General Kenneth A. Cortés, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia continuará trabajando incansablemente con sus socios para combatir esta epidemia y tratar de prevenir la próxima trágica pérdida de vidas”.

Uno de los casos anunciados el 4 de mayo acusó a un dentista de Kentucky de prescribir morfina ilegalmente. En agosto de 2020, este dentista emitió tres recetas de opioides a un paciente de 24 años, en un período de cinco días. El paciente murió por una sobredosis de morfina, presuntamente por una de las recetas que el dentista le dio durante esos cinco días. En otro caso se acusó a una ex enfermera y directora de una clínica en Tennessee de obtener ilegalmente analgésicos opiáceos para uso personal y su posterior distribución al impartir recetas fraudulentas a nombre de pacientes actuales y anteriores de un hospicio. Según la acusación, el individuo usó los beneficios de esa institución para que los pacientes cubriesen los costos de los opioides recetados obtenidos ilegalmente. Un tercer caso acusó a un médico de Kentucky de recetar ilegalmente opioides a pacientes cuyos tratamientos de atención médica fueron pagados por programas financiados por los contribuyentes, como Medicare y Medicaid. El acusado supuestamente se aprovechó de estos pacientes para tener acceso continuo, con el fin de facturar a esos programas losr procedimientos médicamente innecesarios.

“Cuando ayudamos a anunciar las fuerzas de ataque de ARPO en 2019, dijimos que sería un compromiso duradero erradicar el tráfico ilegal de opioides, mediante talonarios de recetas, y lo decíamos en serio”, afirmó el fiscal federal Kenneth L. Parker para el distrito sur de Ohio. “Como es evidente por los resultados anunciados el mismo día 4 de mayo. “Continuaremos tomando medidas coercitivas coordinadas para abordar el flagelo de los opiáceos que azota la región”.

El anuncio efectuado el 4 también destacó los esfuerzos continuos de la Fuerza de Ataque de Opioides Recetados (ARPO), de la Unidad de Fraude en Atención Médica de los Apalaches. En los últimos tres años, ARPO ha acusado a 111 personas ​​de delitos relacionados con la distribución ilegal de opioides recetados. Juntos, estos acusados, ​​emitieron recetas para más de 115 millones de píldoras de sustancias controladas.

Desde sus inicios, ARPO se ha asociado con las agencias de aplicación de la ley federales, estatales como también las oficinas de los fiscales estadounidenses en Alabama, Kentucky, Ohio, Virginia, Tennessee y Virginia Occidental. La agencia tiene el objetivo de enjuiciar a los profesionales médicos, como además otras personas involucradas en la prescripción y distribución ilegal de opioides.

“El FBI y nuestros socios están trabajando juntos para combatir la crisis de los opiáceos y responsabilizar a quienes abusan de sus privilegios de prescripción”, manifestó el agente especial a cargo J. William Rivers de la oficina de campo de Cincinnati del FBI. “Instamos al público a que nos ayude a mantener segura a la comunidad llamando al 1-800-CALL-FBI para efectuar denuncias sobre aquellos que recetan opioides ilegalmente”.

“Aquellos que recetan opioides ilegalmente no sólo socavan los esfuerzos críticos para abordar la epidemia; también ponen a los pacientes en riesgo de sobredosis y daño físico”, dijo la Inspectora General Christi A. Grimm de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG). “Esta acción de ejecución demuestra el compromiso de HHS-OIG de trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, para responsabilizar a los malos que abusan de su condición de proveedores de atención médica y explotan la epidemia de opioides para beneficio personal”.

“A los médicos y profesionales de la salud se les confía la prescripción de medicamentos de manera responsable y en el mejor interés de sus pacientes. El [acto] de hoy tiene como objetivo a los proveedores médicos de todo el país, cuya codicia los llevó a abandonar esta responsabilidad en favor de las ganancias criminales”, señaló la administradora Anne Milgram de la Administración de Control de Drogas (DEA). “La DEA utilizará todas las herramientas a nuestra disposición para detener el desvío de drogas y el fraude. Estamos trabajando incansablemente todos los días para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y saludables”.

Además, el Centro para la Integridad del Programa, de los Centros de Servicios, de Medicare y Medicaid (CMS) ha tomado seis medidas administrativas contra los proveedores por su supuesta participación en estos delitos.

“La atención y la seguridad del paciente son nuestras principales prioridades y CMS ha tomado medidas administrativas contra seis proveedores para proteger los recursos críticos confiados a Medicare y al mismo tiempo proteger a las personas con Medicare”, informó Chiquita Brooks-LaSure, administradora de CMS. “Estas acciones para combatir el fraude, el despilfarro y el abuso en nuestros programas federales no serían posibles sin la estrecha y exitosa asociación con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Departamento de Justicia, la Oficina de Servicios Humanos y de Salud del Departamento de Salud de los Estados Unidos».

Los fiscales federales William S. Thompson para el Distrito Sur de West Virginia, Carlton S. Shier IV para el Distrito Este de Kentucky y Francis M. Hamilton III para el Distrito Este de Tennessee se unieron al anuncio de mayo 4 de 2022.

Las acciones de ejecución fueron dirigidas y coordinadas por el subjefe principal Kilby Macfadden y los subjefes de ARPO Alexis Gregorian y Jillian Willis. La Fuerza de Ataque ARPO de la Sección de Fraudes, junto con la Fuerza de Ataque de la Unidad de Fraudes en Atención Médica en Miami, como también Nueva Jersey, así como las Oficinas de los Fiscales Federales para el Distrito Norte de Alabama, Distrito Este de Kentucky, Distrito de Nueva Jersey, Distrito Este de Tennessee y el Distrito Sur de West Virginia están procesando estos casos. 

Las descripciones de cada caso involucrado en la acción de cumplimiento del día 4 de mayo están disponibles en el sitio web del departamento en https://www.justice.gov/criminal-fraud/opioid-enforcement-action-2022

Además de la DEA, el FBI y la HHS-OIG, las Unidades de Control de Fraudes contra Medicaid de Kentucky y Ohio; Oficina de Investigación de Tennessee; Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos; junto a otras agencias policiales federales y locales participaron en la acción policial.

Una acusación, queja o información es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad, más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Para cualquier paciente afectado por las operaciones policiales, la información sobre los programas de tratamiento disponibles y dónde pueden acudir para obtener ayuda está habilitados de la siguiente manera:

  • Alabama: El Departamento de Salud Mental de Alabama tiene un número de teléfono dedicado para conectar a los afectados por el cierre. El número gratuito de abuso de sustancias es 1-844-307-1760.
  • La información sobre el abuso de sustancias y los opioides está en los siguientes sitios web:
  • Kentucky: si se encuentra en Kentucky y sufre de adicción, puede encontrar ayuda llamando al 833-8KY-HELP o iniciando sesión en Findhelpnowky.org.
  • Ohio: si busca ayuda en Ohio, llame a la línea de ayuda para pacientes de OhioMHAS al 1-877-275-6364

Tennessee: Si está buscando ayuda en Tennessee:

  • Para obtener una remisión a los servicios de tratamiento de adicciones, llame a Tennessee REDLINE: 800-889-9789.
  • En una crisis de salud mental, llame a la línea de crisis estatal: 855-CRISIS-1 (855-274-7471).
  • Para obtener ayuda se puede acceder a los servicios de abuso de sustancias o de salud mental, llamando a la línea de ayuda del Departamento de Salud Mental y Servicios de Abuso de Sustancias de Tennessee: 800-560-5767 o 615-532-6700. Esta línea cuenta con personal de lunes a viernes, de 8 am a 4:30 pm CT.
  • Nueva Jersey : si busca ayuda en Nueva Jersey, llame a la línea de ayuda de REACH al 1-844-732-2465.
  • Virginia Occidental: si se encuentra en Virginia Occidental y sufre de adicción, puede encontrar ayuda llamando al 1-844-HELP-4WV o iniciando sesión en https://HelpandHopeWV.org.
  • Para personas que buscan ayuda en otros estados , llame al 1-800-662-HELP

La Sección de Fraude utiliza el Sistema de Notificación a las Víctimas (VNS) para proporcionar a éstas información sobre caso y actualizaciones relacionadas. Las personas que tengan preguntas pueden comunicarse con la Unidad de Asistencia a las Víctimas de la Sección de Fraude, llamando a la línea telefónica de Asistencia a las Víctimas al 1-888-549-3945 o enviando un correo electrónico a Victimassistance.fraud@usdoj.gov. 

Para obtener más información sobre los derechos de las víctimas, visite: https://www.justice.gov/criminal-vns/victim-rights-derechos-de-las-v-ctimas

Si cree que es víctima de la conducta descrita en cualquiera de estos casos, visite  https://www.justice.gov/criminal-vns/case/ARPO

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