Extraditan a Estados Unidos dos individuos incriminados ​​por Prácticas Corruptas


Exjefes de organización no gubernamental con sede en Nueva York acusados ​​de sobornar a funcionarios electos de las Islas Marshall fueron extraditados a los Estados Unidos desde Tailandia


Oipol operando en Estados Unidos | Comunicación Departamento de Justicia de los Estados Unidos, viernes, 2 de septiembre de 2022 | Traducción y edición OIPOL, martes 06 de septiembre de 2022 – Dos ciudadanos de las Islas Marshall, Cary Yan, de 50 años, y Gina Zhou, de 34, llegaron el 2 de septiembre a los Estados Unidos, luego de ser extraditados de Tailandia. Yan y Zhou están acusados ​​de presuntamente violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), por lavado de dinero y conspiración para cometer esos delitos en relación con un esquema con el fin de sobornar a funcionarios electos de la República de las Islas Marshall (RMI) a cambio de aprobar ciertas legislación. Los acusados comparecieron por primera vez en el tribunal el 6 de septiembre, ante a la jueza federal Naomi Reice Buchwald, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Sur de Nueva York.

“Yan y Zhou, presuntamente, participaron en un plan de varios años para sobornar a funcionarios electos en las Islas Marshall y corromper el proceso legislativo”, afirmó el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “El departamento se compromete a enjuiciar a las personas que participan en la corrupción internacional y socavan la integridad de las instituciones democráticas y el libre mercado”.

El 10 de agosto de 2020, Yan y Zhou fueron acusados ​​formalmente de cinco cargos: un cargo de conspiración para violar la FCPA, dos cargos de violar la FCPA, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero internacional y un cargo de cometer lavado de dinero internacional. La acusación formal alega que, a partir de 2016 o alrededor de esa fecha y hasta al menos agosto de 2020, Yan y Zhou, como presidente y asistente del presidente, respectivamente, de una organización no gubernamental (ONG), con sede en Nueva York, conspiraron con otros para para la conexión con un esquema de soborno y lavado de dinero de varios años. Yan y Zhou supuestamente ofrecieron, como así también pagaron decenas de miles de dólares en sobornos a funcionarios electos de RMI, incluidos, entre otros, miembros de la legislatura de RMI, a cambio de apoyar la legislación para crea una región semiautónoma dentro de RMI llamada Región Administrativa Especial del Atolón Rongelap (RASAR), que beneficiaría los intereses comerciales de los acusados ​​​​y sus asociados. La acusación formal alega que los acusados ​​llevaron a cabo el esquema de soborno como además lavado de dinero utilizando la ONG de Nueva York, incluido el uso físico de su sede en Manhattan, para reunirse y comunicarse con funcionarios de RMI. 

“Como se alega, el plan de soborno de Cary Yan y Gina Zhou fue diseñado para influir y manipular el proceso legislativo de la República de las Islas Marshall, con el fin de beneficiarse económicamente a ellos y a sus asociados”, dijo el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York. “Los sobornos de Yan y Zhou violaron descaradamente la soberanía de la República de las Islas Marshall y su [legislación] y el dedicado trabajo de investigación llevado a cabo por esta Oficina y nuestros socios indica que el Distrito Sur de Nueva York no tolerará a quienes violen abiertamente la integridad de los procesos democráticos”, indicó el fiscal.

“Como se alega, los acusados ​​llevaron a cabo múltiples actividades ilegales para beneficiar sus intereses personales a expensas de la gente de las Islas Marshall”, dijo el subdirector a cargo Michael J. Driscoll de la oficina local del FBI en Nueva York. “El FBI, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo, están comprometidos a llevar ante la justicia a quienes busquen utilizar la corrupción y el fraude como medio para hacer negocios, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren”.

El 17 de noviembre de 2020, Yan y Zhou fueron arrestados en Tailandia a pedido de Estados Unidos en virtud de un tratado de extradición bilateral. Después de que concluyeran los procedimientos de extradición en los tribunales tailandeses, el Gobierno Real de Tailandia ordenó la extradición de los acusados, lo que resultó en su llegada a Estados Unidos el 2 de septiembre.

Si son declarados culpables, Yan y Zhou enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero. Además hasta cinco años de prisión por cada cargo de violación de la FCPA y conspiración para violar la FCPA. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El Fiscal General Adjunto Polite y el Fiscal Federal Williams elogiaron y agradecieron al Gobierno Real de Tailandia por su asistencia en la extradición de Yan y Zhou a los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos en Bangkok y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindaron asistencia sustancial para asegurar el arresto y la extradición de los acusados.

La oficina local del FBI en Nueva York investigó el caso. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos transportaron a Yan y Zhou de Tailandia a Estados Unidos.

El Subjefe Gerald M. Moody, Jr. de la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia y el Subjefe de la División Criminal del Distrito Sur de Nueva York Daniel C. Richenthal, los Fiscales Federales Adjuntos Hagan Scotten, Lara Pomerantz y Derek Wikstrom, para el Distrito Sur de Nueva York, están procesando el caso.

La Sección de Fraudes de la División Criminal es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos recuerda que: una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

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