DHS y DOJ proponen regla para incentivar procesos migratorios legales.
OIPOL operando en Estados Unidos | Comunicación Homeland Security (#DHS), febrero 21, 2023 Traducción y edición #OIPOL, febrero 22 de 2023 – Washington – Como se anticipó en un anuncio de la aplicación de la ley fronteriza el 5 de enero, con el objetivo limitar la migración irregular, crear procesos adicionales seguros y ordenados, el 21 de febrero de 2023 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) emitieron una regla propuesta para incentivar el uso de procesos legales nuevos, como también existentes y desincentivar los cruces fronterizos peligrosos. Esto busca imponer una nueva condición sobre la elegibilidad de asilo para aquellos que no lo hacen. Las medidas se están tomando en respuesta a los desafíos migratorios sin precedentes del hemisferio occidental, el mayor desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial, como además la ausencia de acción del Congreso para actualizar un sistema de inmigración muy fracturado y obsoleto.
El DHS continúa preparándose para el levantamiento de la Orden de Salud Pública del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que se espera para el 11 de mayo de 2023 y el regreso al procesamiento de todos los no ciudadanos bajo las autoridades de inmigración del Título 8. Hasta entonces, la orden del Título 42 sigue vigente, y las personas que intenten ingresar a los Estados Unidos sin autorización continuarán siendo expulsadas.
«Somos una nación de inmigrantes y somos una nación de leyes. Estamos fortaleciendo la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a los Estados Unidos, al mismo tiempo que proponemos nuevas consecuencias para aquellos que no utilizan los procesos puestos a su disposición por los Estados Unidos y sus socios regionales», dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas. «Como hemos visto una y otra vez, las personas a las que se les proporciona un camino seguro, ordenado y legal a los Estados Unidos tienen menos probabilidades de arriesgar sus vidas atravesando miles de millas en manos de contrabandistas despiadados, sólo para llegar a nuestra frontera sur y enfrentar las consecuencias legales de la entrada ilegal», afirmó Secretario.
«El Departamento de Justicia es responsable de administrar los tribunales de inmigración de la nación y garantizar que las reclamaciones que se adjudican de manera expedita, justa y consistente con el debido proceso», señaló el Fiscal General Merrick B. Garland. «Esta regla propuesta establecerá reglas temporales sobre la elegibilidad de asilo en esos procedimientos cuando se levante la orden del Título 42. Esperamos revisar los comentarios del público sobre esta regla propuesta» aseguró Garland.
De acuerdo con la historia de Estados Unidos con fundamentos de aplicación de las leyes, erigida como una nación de inmigrantes, esta regla propuesta garantiza la aplicación de la jurisprudencia de inmigración de los Estados Unidos, las vías legales, el acceso al asilo y otras formas de ayuda humanitaria para quienes lo necesitan.
Bajo la regla propuesta, las personas que eludan las vías disponibles y establecidas para la migración legal, incluidos los nuevos procesos anunciados el 5 de enero de 2023, así como un mecanismo recientemente disponible para que los migrantes de cualquier nacionalidad programen una hora y un lugar para llegar a un puerto de entrada, estarían sujetos a una presunción refutable de inelegibilidad de asilo en los Estados Unidos, a menos que cumplan con las excepciones especificadas. Las personas que no puedan establecer un reclamo válido de protección bajo los estándares establecidos en la regla propuesta estarán sujetas a una pronta remoción de las autoridades del Título 8, que conlleva una prohibición de cinco años para el regreso a territorio estadounidense. La regla propuesta estará abierta a comentarios públicos en el Registro Federal durante 30 días. Detalles adicionales se pueden encontrar aquí.
La regla propuesta es una medida de emergencia que tiene la intención de responder a los elevados niveles de encuentros anticipados después del levantamiento de la Orden del Título 42. Como tal, está diseñada para ser de duración temporal, aplicándose a aquellos que ingresan a los Estados Unidos en la frontera terrestre del suroeste durante 24 meses, después de la fecha de vigencia de la regla y posterior al levantamiento de la orden del Título 42.
Las medidas de control fronterizo de la Administración Biden / Harris, que junto con procesos seguros, ordenados y legales, tienen consecuencias para aquellos que no aprovechen estos procesos sistematizados.
Trabajando para reducir la migración irregular: enero registró el nivel más bajo de ingresos en los puertos de entrada desde febrero de 2021. Tras los nuevos procesos de libertad condicional para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y la expansión del proceso para venezolanos, las entradas de estos, por los puertos de entrada en la frontera suroeste, disminuyeron de un promedio en 7 días de 1.231 el 5 de enero, la fecha en que se implementaron los nuevos procesos, a sólo 35 el 31 de enero, lo que representa una caída del 97 por ciento en poco más de tres semanas. En lo que va de febrero los ingresos se han mantenido en niveles igualmente bajos.
Para aquellos que siguieron el proceso legal, hasta el 17 de febrero, más de 26,000 cubanos, nicaragüenses y haitianos fueron examinados minuciosamente y recibieron autorización de entrada. Miles de venezolanos (para quienes el programa se lanzó en octubre de 2022) ya han llegado: 33.800 han sido examinados y han recibido autorización de ingreso, desde octubre hasta finales de enero.
El DHS y el DOJ están tomando estas medidas mientras continúan pidiendo al Congreso que modernice elsistema de inmigración, incluidas nuestras leyes de asilo.
La comunicación oficial del día 21 de febrero de 2023 asegura que: “el DHS continuará monitoreando los desarrollos en la frontera suroeste y acelerará o implementará medidas adicionales, según sea necesario, de acuerdo con las órdenes judiciales aplicables”.
Organización Internacional de Policías 
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