Oipol operando en el mundo | Comunicación, documentos y fotos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, marzo 21 de 2023 | Traducción y edición general Oipol – La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado emitió un documento sobre Argentina que destaca algunos aspectos que colocan al país latinoamericanos en una deplorable situación con temas extremadamente sensibles:
Las fuerzas policiales federales, provinciales y municipales comparten la responsabilidad de la aplicación de la ley y el mantenimiento de la seguridad interna de Argentina. Todas las fuerzas policiales federales dependen del Ministerio de Seguridad Nacional, mientras que las fuerzas provinciales y municipales dependen de un ministerio o secretaría dentro de su jurisdicción. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes fidedignos indicando que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos.
Entre las importantes cuestiones de derechos humanos figuraban informes fidedignos de homicidios ilegítimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; graves problemas con la independencia del poder judicial; corrupción gubernamental grave; violencia motivada por el antisemitismo; y la existencia de las peores formas de trabajo infantil.
El gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron violaciones de derechos humanos y corrupción.
Hubo varios informes indicando que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos.
Informes de país sobre prácticas de derechos humanos 2021: Argentina
RESUMEN EJECUTIVO
Argentina es una república constitucional federal. En octubre de 2019, Alberto Fernández fue elegido presidente en elecciones que los observadores locales e internacionales consideraron generalmente libres y justas. El 14 de noviembre, el país celebró elecciones municipales, provinciales y federales de mitad de período. Los votantes eligieron la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados, representando a todas las provincias como también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y un tercio de los miembros del Senado, representando a ocho provincias.
Las fuerzas policiales federales, provinciales y municipales comparten la responsabilidad de la aplicación de la ley y el mantenimiento de la seguridad interna. Todas las fuerzas policiales federales dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, mientras que las fuerzas provinciales y municipales dependen de un ministerio o secretaría dentro de su jurisdicción. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes fidedignos señalando que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos.
Entre las importantes cuestiones de derechos humanos figuraban informes fidedignos de homicidios ilegítimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; graves problemas con la independencia del poder judicial; corrupción gubernamental grave; violencia motivada por el antisemitismo; y la existencia de las peores formas de trabajo infantil.
El gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron violaciones de derechos humanos y corrupción.
Sección 1. Respeto a la integridad de la persona
A. PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA VIDA Y OTROS HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS O POR MOTIVOS POLÍTICOS
Hubo varios informes expresando que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos.
El 29 de mayo, Gianfranco Fleita Cardozo murió tras una detención violenta por parte de la policía local y provincial en Tigre, provincia de Buenos Aires, por violar el toque de queda. El video del evento compartido en las redes sociales parecía mostrar a 10 oficiales locales golpeando a Cardozo en el suelo. Cardozo murió mientras era trasladado a un hospital. En agosto, 11 funcionarios se enfrentaban a cargos de acoso y coacción ilegales, punibles con hasta cinco años de prisión. Los abogados que representan a la familia de Cardozo solicitaron cargos más severos, acusando a los oficiales de tortura. En octubre, el caso estaba pendiente.
En mayo, las autoridades arrestaron a nueve agentes de policía por la desaparición y muerte de Luis Espinoza en mayo de 2020, hecho acontecido en la provincia de Tucumán. Espinoza y su hermano fueron golpeados por agentes de policía en un puesto de control ilegal y luego de efectuar varios disparos huyeron. Las autoridades encontraron el cuerpo de Espinoza siete días después en una zanja al borde de la carretera al otro lado de la frontera provincial en la juridicción de Catamarca con una herida de bala en la espalda. Las autoridades presentaron cargos de privación ilegal de libertad y homicidio agravado contra 11 agentes, 10 de los cuales se encontraban en prisión preventiva en agosto.
En julio, los fiscales acusaron formalmente a 13 agentes de policía de varios delitos relacionados con el asesinato de Valentino Blas Correas en agosto de 2020, incluido el abuso de autoridad, la obstrucción de la justicia y el falso testimonio. Los dos oficiales involucrados en el tiroteo, Javier Catriel Almirón y Lucas Damián Gómez, también enfrentaron cargos de homicidio agravado.
El Comité contra la Tortura de la Comisión de la Memoria (CPM), que se trata de una oficina autónoma establecida que implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Sus objetivos y líneas de trabajo expresan el compromiso con la memoria del terrorismo de Estado, la promoción y defensa de los derechos humanos en democracia. Esta entidad juntos a una organización no gubernamental (ONG) afirmaron que las investigaciones sobre la violencia policial y el uso de la fuerza letal eran limitadas.
Los medios informaron altos niveles de violencia en la provincia de Santa Fe, pero notaron una ligera disminución en los homicidios, con 291 reportados hasta el 31 de octubre, en comparación con 321 durante el mismo período en 2020. La prensa y las ONG nacionales, incluida Insight Crime, atribuyen la alta tasa de homicidios al narcotráfico y al crimen organizado.
B. DESAPARICIÓN
No hubo informes de desapariciones cometidas por las fuerzas de seguridad o en nombre de ellas durante el año.
Hasta el 1 de noviembre, no hubo novedades en la desaparición de Facundo Astudillo Castro, hecho que aconteció en abril de 2020 mientras hacía autostop aproximadamente a 75 millas de su casa en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, poco después de que la policía lo arrestara por violar la cuarentena de COVID-19. Las autoridades recuperaron el cuerpo de Astudillo en un canal cuatro meses después y una autopsia realizada por un equipo de antropólogos forenses respetado internacionalmente no pudo descartar el homicidio. Los fiscales afirmaron que los agentes de la policía de la Provincia de Buenos Aires eran los principales sospechosos, pero hasta el 1 de noviembre, después de 20 meses de investigación, aún no habían acusación formal a ningún oficial.
Las autoridades continuaron investigando y procesando a personas implicadas en desapariciones, homicidios y torturas cometidas durante la dictadura militar de 1976-83 y el gobierno de Isabel Perón de 1974-76. El 18 de febrero, un tribunal federal declaró culpables a ocho personas de crímenes de lesa humanidad cometidos en la antigua Escuela de Mecánica Naval de Buenos Aires; tres fueron condenados a cadena perpetua. El 10 de junio, un tribunal federal condenó a cadena perpetua a seis ex miembros de contrainteligencia militar relacionados con la «Contraofensiva Montonera» de 1979, que resultó en el asesinato de 12 personas y la desaparición de otras 70.
C. TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES: la ley prohíbe tales prácticas, sin embargo, hubo informes asegurando que funcionarios del gobierno emplearon esas acciones. La Fiscalía General de la Nación; la Oficina Nacional del Defensor del Pueblo Penitenciario (PPN), un organismo gubernamental independiente que supervisa las condiciones carcelarias; y el CPM informó sobre denuncias de torturas perpetradas por funcionarios penitenciarios provinciales y federales, al igual que ONG locales e internacionales.
Hasta julio, el PPN había registrado 116 casos de tortura o malos tratos. Aunque el PPN creó un Registro Nacional de Casos de Tortura en 2010, sus informes se limitaron en gran medida a la ciudad y provincia de Buenos Aires (donde vive aproximadamente el 46 por ciento de la población).
En mayo, las autoridades locales enviaron a juicio el caso de tortura y abuso sexual de 2020 mujeres detenidas en 14 de las 3 comisaría del municipio de La Matanza, con 14 agentes acusados de abuso sexual, abuso de autoridad y otros seis acusados de obstrucción de la justicia. El 1 de noviembre, el caso estaba pendiente.
La impunidad seguía siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad a todos los niveles. La corrupción, un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos por investigar los abusos. En general, el gobierno denunció los abusos y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y policiales a todos los niveles en materia de derechos humanos, incluso mediante la capacitación en línea durante la pandemia de COVID-19.
Condiciones de las prisiones y centros de detención
Las condiciones carcelarias eran duras y amenazaban la vida debido al hacinamiento, la atención médica deficiente y las condiciones insalubres. Se recibieron informes de traslados forzosos y del uso recurrente de la reclusión en régimen de aislamiento como método de castigo, en particular en la provincia de Buenos Aires.
Condiciones físicas: El hacinamiento en las cárceles siguió siendo un problema. Según la Fiscalía Especial para la Violencia Institucional, el sistema penitenciario federal estaba al 93,5 por ciento de su capacidad, con un estimado de 11.400 presos. Hasta abril, sin embargo, las penitenciarías de la provincia de Buenos Aires albergaban a 45.374 reclusos en instalaciones diseñadas inicialmente para 24.000, según el Centro de Estudios Legales y Sociales. Muchos detenidos en espera de juicio estaban recluidos con presos condenados.
El hacinamiento en los centros de menores a menudo daba lugar a que los menores fueran recluidos en comisarías, aunque algunas ONG y el Defensor del Pueblo Penitenciario Nacional señalaron que la ley prohibía hacerlo.
Las cárceles de mujeres eran generalmente menos violentas, peligrosas y superpobladas que las cárceles de hombres.
El Servicio Penitenciario Federal reportó 58 muertes de reclusos en prisiones federales en 2020, de las cuales 17 fueron violentas. Por el contrario, el CPM afirmó que 178 presos murieron en la provincia de Buenos Aires durante 2020, de los cuales 52 se debieron a problemas de salud. También hubo siete homicidios y 13 suicidios.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, como otras organizaciones de derechos humanos y centros de investigación, los reclusos en muchas instalaciones también sufrían de mala nutrición; tratamiento médico y psicológico inadecuado; saneamiento, calefacción, ventilación y luz inadecuados; visitas familiares limitadas; y el trato degradante frecuente. El CPM reportó 6.664 casos de negligencia de salud durante 2020 en centros de detención provinciales, incluida una atención médica deficiente, una dieta inadecuada, falta de medicamentos y falta de atención médica.
Administración: Las autoridades a veces llevaron a cabo investigaciones de denuncias creíbles de malos tratos. Según las ONG locales, los presos ocasionalmente no presentaban denuncias a las autoridades por temor a represalias.
Monitoreo independiente: En general, el gobierno permitió la supervisión por parte de observadores independientes locales e internacionales de derechos humanos.
ARRESTO O DETENCIÓN ARBITRARIOS
La ley prohíbe el arresto, como así también la detención arbitraria y establece el derecho de toda persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante los tribunales. El gobierno generalmente observó estos requisitos.
Procedimientos de detención y trato de los detenidos
Por lo general, la policía detuvo abiertamente a las personas con órdenes basadas en pruebas suficientes y emitidas por un funcionario debidamente autorizado. Por ley, la policía puede detener a sospechosos por hasta seis horas sin una orden de arresto si las autoridades tienen una creencia fundada de que los sospechosos han cometido o están a punto de cometer un delito, o si la policía no puede determinar la identidad de un sospechoso. En todos los casos, las autoridades deben notificar inmediatamente a la oficina del fiscal del estado sobre el arresto. El fiscal del estado puede aprobar la detención por hasta 72 horas. En casos excepcionales, un juez puede prolongar la detención por otras 72 horas. Grupos de derechos humanos informaron que la policía ocasionalmente arrestaba a personas arbitrariamente, detenía a sospechosos más tiempo del permitido por ley o no seguía los procedimientos de notificación adecuados.
La ley otorga a los detenidos el derecho a una pronta determinación de la legalidad de su detención por un juez de primera instancia que dicta si procede con una investigación. En algunos casos hubo demoras en este proceso y en informar a los detenidos de los cargos que se les imputaban.
La ley establece el derecho a la libertad bajo fianza, excepto en los casos que impliquen riesgo de fuga o riesgo de eludir la justicia.
Las autoridades permitieron a los detenidos el acceso inmediato a un abogado y proporcionaron defensores públicos por no poder pagar un abogado. En algunos casos, ese acceso se retrasó debido a una sobrecarga del sistema judicial.
Arresto arbitrario: Las ONG locales informaron que la policía en ocasiones arrestó y detuvo a ciudadanos arbitrariamente.
En enero, organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos criticaron las estrictas medidas de cuarentena relacionadas con la COVID-19 en la provincia de Formosa. El gobierno provincial cerró las fronteras de Formosa en marzo de 2020 y aplicó cuarentenas de hasta un mes en centros fuertemente custodiados con poca higiene y poca comida. Amnistía Internacional Argentina informó de que las fuerzas de seguridad provinciales detuvieron a todas horas a personas confirmadas o sospechosas de portar COVID-19 y las colocaron en centros de aislamiento sanitario, a menudo separando a menores de sus padres. Las autoridades provinciales retuvieron a personas COVID positivas con casos no confirmados, lo que las puso en alto riesgo de exposición. Amnistía dijo que en los centros de aislamiento, las autoridades realizaron hisopos nasales a los pacientes sin consentimiento y a menudo no compartieron los resultados de las pruebas. El 21 de enero, las autoridades provinciales (Formosa) arrestaron a dos políticos locales que intentaron visitar un centro. Tras los llamados de organizaciones de derechos humanos, el secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, visitó la provincia señalada el 27 / 28 de enero y declaró que no había observado ninguna «violación sistemática de los derechos humanos», y agregó: «Las personas aisladas tienen aire acondicionado, la comida es buena y su queja es que carecen de información sobre la duración [de su aislamiento]». La prensa y las organizaciones de derechos humanos criticaron los comentarios de Pietragalla como mal informados e incorrectos.
Prisión preventiva: La ley prevé la detención preventiva de hasta dos años para las personas acusadas en espera o sometidas a juicio; El período puede prorrogarse un año en circunstancias limitadas. La lentitud del Sistema de Justicia a menudo dio lugar a detenciones prolongadas, más allá del período estipulado por la ley. Según estadísticas oficiales, casi la mitad de las 11.397 personas detenidas en instalaciones federales en junio, que representan el 49 por ciento de la población penitenciaria federal, aún no habían sido juzgadas.
DENEGACIÓN DE UN JUICIO PÚBLICO JUSTO
La ley prevé un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales. Según las ONG nacionales, los jueces de algunos tribunales penales federales y ordinarios eran a veces objeto de manipulación política.
Procedimientos del juicio
La ley establece el derecho a un juicio justo y público, el Poder Judicial independiente generalmente hizo cumplir este derecho.
Los acusados gozan del derecho a la presunción de inocencia; ser informado sin demora de los cargos; comunicarse con un abogado de su elección (o tener uno proporcionado, a expensas públicas, si no puede pagar); recibir asistencia gratuita de un intérprete; confrontar a los testigos de cargo o demandantes, presentar sus propios testigos y pruebas; no ser obligado a testificar o confesarse culpable y poder apelar. Las demoras prolongadas, los atascos procesales, las largas lagunas en el nombramiento de los jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial. La amplia discreción de los jueces sobre si y cómo llevar a cabo las investigaciones contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones eran arbitrarias.
Un código de procedimiento penal federal aprobado en 2018 reemplazó el sistema inquisitivo federal híbrido del país con un sistema acusatorio, pero la implementación del nuevo sistema se retrasó indefinidamente.
En 2019, las provincias de Salta y Jujuy (noroeste) implementaron el sistema acusatorio a nivel federal, pero la comisión bicameral del Congreso encargada de implementar el despliegue aún no había comenzado el proceso de transición en ninguna otra provincia. El nuevo código generalmente requiere que los casos sean llevados a juicio dentro de un año y resueltos dentro de los tres años. También implementa el uso de nuevas técnicas de investigación y amplía los derechos de las víctimas. Los fiscales de las provincias que implementan el nuevo código informaron que los casos que antes tomaban años ahora podían ser adjudicados en meses. El código transfiere las responsabilidades de investigación de los magistrados a los fiscales, con la asistencia de los investigadores encargados de hacer cumplir la ley.
Muchos sistemas judiciales provinciales operaban bajo el sistema acusatorio, y una minoría tenía juicios con jurado. En Santa Fe y Catamarca seguía pendiente la plena aplicación de los procedimientos de juicio por jurado a nivel provincial. Las provincias de Neuquén, San Juan, Mendoza, Salta, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Río Negro y Buenos Aires otorgaron a los acusados de ciertos delitos graves el derecho a un juicio por jurado. Hasta noviembre no había juicios con jurado para casos federales.
Presos y detenidos políticos
No hubo informes fidedignos de presos o detenidos políticos.
Procedimientos y recursos judiciales civiles
Los ciudadanos tienen acceso a los tribunales para entablar demandas por daños y perjuicios o la protección de los derechos previstos por la Constitución. También pueden apelar decisiones adversas a nivel nacional o ante órganos regionales de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Incautación y restitución de bienes
El país respaldó la Declaración de Terezin de 2009, que instó a los países a proporcionar la restitución de los bienes incautados injustamente durante el Holocausto, proporcionar acceso a los archivos y avanzar en la educación y conmemoración del Holocausto. No se conocían reclamaciones por bienes muebles o inmuebles en el país, y no tiene leyes de restitución. La Comisión Argentina de Investigación sobre las Actividades del Nazismo, creada en 1997, concluyó que el Museo Nacional de Bellas Artes no tenía arte saqueado, aunque la comisión admitió que no había revisado ningún otro museo estatal y que enfrentaba dificultades para investigar las actividades del mercado de arte del país durante el Holocausto. El informe de la Ley de Justicia para Sobrevivientes No Compensados Hoy (JUST) del Departamento de Estado al Congreso, publicado públicamente en julio de 2020, se puede encontrar en el sitio web del Departamento (idioma inglés: https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/.
Finalmente ponemos a disposición el documento completo en idioma inglés
Organización Internacional de Policías 
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