Indagan deportación de menores venezolanos desde Trinidad y Tobago


  • ¿Hubo violado Trinidad y Tobago tratados internacionales?
  • En noviembre del año pasado, 29 venezolanos, entre ellos 16 menores de edad, fueron detenidos y devueltos a altamar por autoridades trinitarias.

Por Carolina Alcalde, Voz de América – Redacción Fotos Voa News / Edición Oipol, 08 Febrero 2021 08:34 AM – Caracas – Las violaciones al debido proceso y las arbitrariedades que, de acuerdo a expertos, rodean la forma en la que el gobierno de Trinidad y Tobago ha detenido, deportado y/o expulsado a venezolanos, incluyendo menores de edad, en los últimos meses, ha desatado indignación en Venezuela.

No se trata de una situación nueva. Son “muchos” los casos plagados de irregularidades que se han venido registrando por lo menos desde 2018, de acuerdo a la defensora de DD.HH., Karla Henríquez, miembro del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos (PIDH) en Canadá y quien maneja varios casos de venezolanos expulsados de la isla caribeña.

“Primero deportaban menores de edad que mantenían detenidos en un centro de detención para inmigrantes, que no pueden estar detenidos con adultos, no puedes tener niños mezclados con hombres. Qué delito tan grande puede cometer un niño para que sea literalmente privado de libertad”, afirma la activista en declaraciones a la Voz de América.

Además, denuncia que funcionarios del gobierno trinitario “rompen los carnés de ACNUR y rompen los carnés de registro a venezolanos que tienen más de un año en Trinidad y Tobago”.

En ese sentido, Henríquez sostiene que el gobierno caribeño ha “violentado” diversos instrumentos internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

“Ellos están en derecho de cuidar sus fronteras, pero también están en toda la obligación de respetar los DD.HH. de las personas y todos los tratados firmados”, enfatiza.

Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, ONG defensora de los derechos de los niños y adolescentes, explica que en 1989 Trinidad y Tobago suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que “se obliga internacionalmente a proteger los derechos de los niños que se encuentren en su territorio, independientemente de la nacionalidad que ellos tengan”.

“Procesos de deportación basados en el estatus migratorio violan los principios de la Convención, sobretodo tomando en cuenta la migración venezolana que es forzosa y al ser forzosa surge el imperativo internacional de proteger y cobijar y más cuando se trata de niños”, subraya.

Trapani recuerda que “más allá de los organismos internacionales, lo que surge es la obligación de cada Estado, de poder adoptar las medidas necesarias para darle protección a cualquier migrante, sea venezolano o no”.

“Hay una obligación general que traspasa la nacionalidad del migrante, sobre todo tomando en cuenta los niveles de vulnerabilidad en la que se encuentra un migrante. Desde Cecodap hemos insistido mucho en protocolos transfronterizos para la protección del migrante venezolano, pero hace falta la voluntad política y el apoyo de los Estados para que eso sea una realidad”, dice a la VOA.

Trapani considera que si el Estado persiste en negar la migración y no reconoce que hay unas causas estructurales que la estimulan, “los problemas van a continuar”, y reiteró que el Estado venezolano “tardó” en dar algún tipo de pronunciamiento sobre uno de los episodios más recientes que encendió las alarmas.

En noviembre del año pasado, 29 venezolanos, entre ellos 16 menores de edad, fueron detenidos y devueltos a altamar por autoridades trinitarias, en medio de una tormenta y en embarcaciones que no garantizaban su seguridad. Tras una orden judicial, las autoridades se vieron forzadas a regresar a los venezolanos y varios de ellos aún permanecen detenidos.

En ese entonces, el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, aseguró en su cuenta en Twitter que “bajo la rúbrica de ‘humanitaria’, esta interpretación, si se acepta, efectivamente abrirá nuestras fronteras a todo migrante económico, traficante de armas, traficante de drogas, traficante de personas y líder/pandillero sudamericano”.

Más de 72 horas después del incidente, sin precisar detalles, Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa anunció que convocaron al gobierno trinitario a lo que calificó como “una necesaria reunión de trabajo”.

El drama de los afectados

La esposa y los dos hijos de 9 y 5 años de Félix Marcano, quien tiene 2 años viviendo legalmente en Trinidad y Tobago, forman parte del grupo deportado que posteriormente fue devuelto.

Marcano cuenta que pagó 750 dólares para que su familia viajara en una de las embarcaciones y reunirse con ellos. Dice  que tomó la decisión para “poder costear los medicamentos” de sus hijos, ambos con patologías cardiovasculares, pues pagarlo en Venezuela le resultaba más difícil.

Migrantes venezolanos, que fueron deportados, llegan a la costa en la playa Los Iros después de su regreso a la isla, en Erin, Trinidad y Tobago, el 24 de noviembre de 2020.

“Cuando llegaron acá fue el 17 de noviembre, fue cuando los apresaron y los llevaron a un centro de salud, le hicieron examen de COVID-19 y los trasladaron a un modulo policial donde estuvieron unos 5 días, luego los trasladaron a un sitio desde donde se hacen las deportaciones”, contó a un grupo de periodistas a través de una videollamada.

“La embarcación salió y se apagó el motor en medio del mar, otros los rescataron y estuvieron vagando por esas costas. Durmieron dando tumbos por ahí, el frío, la plaga los estaba azotando, la juez dio la orden de que fueran a buscar a los niños, que los devolvieran a Trinidad, porque no debían deportarlos, aunque hubiera una tormenta tropical que se acercaba”, recuerda.

“Los volvieron a apresar. A los 4 o 5 días los trasladaron a Chaguaramas (Trinidad y Tobago), y el 31 de diciembre me entregaron a mis niños, mi esposa y otros siguen detenidos. Mi hija me dijo que los tratan demasiado mal, la comida es mala, muchas veces duermen en el piso”, contó Marcano. 

Según ACNUR, más de 5 millones 400.000 venezolanos han salido del país huyendo de “la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales”.

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HRW pide a Trinidad y Tobago detener deportación de menores venezolanos

Por Voz de América – Redacción Foto Voa News / Edición Oipol, 04 Febrero 2021 05:32 AM – La organización Human Rights Watch (HRW) dijo el miércoles que tanto las deportaciones como el trato que el gobierno de Trinidad y Tobago da a los inmigrantes venezolanos, especialmente a los menores de edad “incluidos de niños, niñas y solicitantes de asilo, no sólo constituyen gravísimas violaciones de derechos humanos, sino son, además, un lamentable reflejo de su lealtad al régimen de Nicolás Maduro”.

La organización precisó que la situación que afronta la isla caribeña por la pandemia del COVID-19 “no justifica deportaciones que violan el derecho internacional” y pidió detener las deportaciones.

En su  reporte HRW apunta al menos 24.000 venezolanos han hecho el camino de solo 25 millas (40 kilómetros) que separa a ambos países, huyendo de la grave crisis en Venezuela, y que se espera que esa cifra aumente a 30.000  al concluir 2021.

WHR se dirigió en duros términos al quienes dirigen la isla, al afirmar que “el gobierno de Trinidad y Tobago sigue arrodillándose ante el mismo régimen cuya mala gestión económica y abusos han impulsado el éxodo masivo de más de 5,5 millones de personas”.

El 6 de diciembre del pasado año, 34 inmigrantes entre los que se encontraban varios niños murieron ahogados cuando la embarcación en que viajaban zozobró.

HRW cita la postura del primer ministro Keith Rowley, quien dijo a mediados de diciembre que no votaría ninguna resolución de la OEA hasta tanto el líder opositor Juan Guaidó no saliera de la mesa negociadora y en su lugar pusieran a un representante del gobierno de Maduro.

En otro ejemplo, la organización veladora de los derechos humanos, cita el caso del 17 de noviembre de 2020, “la policía detuvo a 29 venezolanos, incluidos 16 niños y niñas, uno de ellos de cuatro meses de edad, al llegar la embarcación en la cual se trasladaban”, todos fueron enviados de regreso a Venezuela, afirmó HRW.

Sin referirse a la situación de las deportaciones, el gobierno de Maduro citó en noviembre de 2020 a su par de Trinidad y Tobago para una reunión sobre “movilidad humana”.

“Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro convocamos al vecino gobierno de Trinidad y Tobago a una necesaria reunión de trabajo para revisar temas de seguridad, movilidad humana, lucha contra la delincuencia y narcotráfico”, dijo el canciller del régimen, Jorge Arreaza, en un mensaje en un tuit. Luego del anuncio, no trascendieron detalles.

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