Condenan a cómplice de apoyar a Corea del Norte a infligir sanciones 

• Ciudadano estadounidense que conspiró para ayudar a Corea del Norte a evadir sanciones de los Estados Unidos fue sentenciado a más de cinco años y multado con $100,000

Oipol operando en Estados Unidos | Comunicación del Departamento de Justicia (DOJ), abril 12 de 2022 | Traducción y edición Oipol, abril 13 de 2022 – Un ciudadano estadounidense que conspiró para brindar servicios a la República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte), incluido el asesoramiento técnico sobre el uso de criptomonedas y tecnología blockchain para evadir sanciones, fue sentenciado a 63 meses de prisión, luego de declararse culpable de conspiración para violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA).

Según documentos judiciales, Virgil Griffith, de 39 años, comenzó a formular planes ya en 2018, para brindar servicios a personas en la RPDC, mediante el desarrollo y la financiación de infraestructura de criptomonedas allí, incluida la minería de criptomonedas. Griffith sabía que la RPDC podía utilizar estos servicios para evadir, como además evitar las sanciones estadounidenses, con el objetivo de financiar su programa de armas nucleares y otras actividades ilícitas.

De conformidad con la IEEPA y la Orden Ejecutiva 13466, los estadounidenses tienen prohibido exportar bienes, servicios o tecnología a la RPDC, sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro.

En abril de 2019, Griffith viajó a la RPDC para asistir y hacer la presentación de sus servicios en la «Conferencia de Blockchain y Criptomonedas de Pyongyang» (la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC). A pesar de que el Departamento de Estado le había negado a Griffith el permiso para viajar a la RPDC, el sentenciado  realizó presentaciones en la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC, adaptadas a la audiencia de ese país, sabiendo que hacerlo violaba las sanciones contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

En la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC, Griffith y sus co-conspiradores brindaron instrucciones sobre cómo ese régimen podría usar la tecnología blockchain, como también de criptomonedas para lavar dinero y evadir sanciones. Las presentaciones de Griffith en la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC habían sido aprobadas por los funcionarios del régimen de ese país y se centraron, entre otras cosas, en cómo la tecnología blockchain, como los «contratos inteligentes», podría usarse para beneficiar a la RPDC, incluso en las negociaciones sobre armas nucleares con los Estados Unidos. Griffith y sus co-conspiradores también respondieron preguntas específicas sobre tecnologías de cadena de bloques y criptomonedas para la audiencia de la RPDC, incluidas personas que Griffith entendió que trabajaban para el régimen de Corea del Norte.

Después de la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC, Griffith siguió planes para facilitar el intercambio de criptomonedas entre la RPDC y Corea del Sur, a pesar de saber que ayudar con dicho intercambio violaría las sanciones contra la RPDC. Griffith también intentó reclutar a otros ciudadanos estadounidenses para viajar a Corea del Norte y brindar servicios similares a las personas de la RPDC e intentó negociar presentaciones para el régimen de Corea del Norte a otros proveedores de servicios de criptomonedas y blockchain. 

La comunicación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del 12 de abril, remarca taxativamente: “En ningún momento Griffith obtuvo permiso de la OFAC para proporcionar bienes, servicios o tecnología a la RPDC”.

El fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y el fiscal federal Damian Williams, del Distrito Sur de Nueva York, hicieron el anuncio.

La Oficina de Campo de Nueva York del FBI investigó el caso, con la valiosa asistencia proporcionada por la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional, la Oficina de Asuntos Internacionales y la Policía de Singapur.

Están a cargo de la acusación en este caso los fiscales federales adjuntos Kimberly Ravener y Kyle A. Wirshba, del Distrito Sur de Nueva York y el abogado litigante Matthew J. McKenzie, de la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional.