Reiteración: cargos contra el narcoestado de Venezuela en Estados Unidos


  • Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios venezolanos actuales y anteriores fueron acusados ​​de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos criminales
  • Maduro y otros altos funcionarios venezolanos supuestamente se asociaron con las Fuerzas Revolucionaria de Colombia (FARC) para usar cocaína, como arma, con el objetivo de «inundar» los Estados Unidos

Para obtener información y documentos adicionales, visite: Documentos relacionados con la conferencia de prensa del 26 de marzo de 2020


Oipol Operando en Venezuela y Estados Unidos | Ratificación de Nota del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Jueves, 26 de marzo de 2020 | Traducción y edición del documento realizado por Oipol –  El  presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente de economía de Venezuela, el ministro de Defensa de Venezuela, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, junto con funcionarios del gobierno venezolano actuales y anteriores, así como dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se encuentran entre los acusados ​​en la ciudad de Nueva York; Washington DC; y Miami. Esto fue anunciado por el Fiscal General de los Estados Unidos William P. Barr, el Fiscal Federal Geoffrey S. Berman del Distrito Sur de Nueva York, el Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, Secretario de Justicia Auxiliar Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, Administrador Interino Uttam Dhillon de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y Directora Ejecutiva Adjunta Interina Alysa D. Erichs de Estados Unidos.

“El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción”, afirmó el Fiscal General Barr. “Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran las comunidades estadounidenses. El anuncio del 26 de marzo de 2020 se centra en erradicar la corrupción generalizada dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a quienes se encuentran en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos usen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni promover sus esquemas criminales ”. 

“Hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por ejecutar, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcoterrorismo con las FARC durante los últimos 20 años”, dijo el fiscal federal Geoffrey S. Berman. “El alcance y la magnitud del presunto narcotráfico fue posible sólo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y brindaron protección política y militar para los desenfrenados crímenes de narcoterrorismo descritos en nuestros cargos. Como se alega, Maduro y los demás acusados ​​expresamente tenían la intención de inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma. Si bien Maduro y otros miembros del cártel ostentaban títulos elevados en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación no fue un arte de gobernar ni un servicio al pueblo venezolano. Como se alega, los imputados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenar sus bolsillos con dinero de la droga ”.

“Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela por miles de millones de dólares”, dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan. “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han utilizado los bancos y las propiedades inmobiliarias del sur de Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran los cargos recientes, la corrupción y el lavado de dinero venezolanos en el sur de Florida se extienden incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el sur de Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar decenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y co-conspiradores que resultaron en incautaciones de aproximadamente $450 millones de dólares «.  

“Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro”, señaló el administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon. “Estos funcionarios traicionaron repetida y conscientemente al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos de todo el mundo, de que nadie está por encima de la ley o fuera del alcance de las fuerzas del orden de Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan ”.

“La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que HSI y las agencias internacionales de aplicación de la ley, que se realizan cada día, a menudo entre bastidores y sin que el público lo sepa, para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y libres de corrupción”, señaló el Director Asociado Ejecutivo Interino de HSI. Alysa D. Erichs. “El anuncio de hoy destaca el alcance global y el compromiso de HSI de identificar, apuntar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes estadounidenses, explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de las criptomonedas para promover su actividad delictiva ilícita. Que esta acusación sea un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los funcionarios políticos poderosos «.

Una acusación formal sustitutiva de cuatro cargos reveló que el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó el 26 de marzo del 2020 a Nicolás Maduro Moros, de 57 años (en esa fecha); Diosdado Cabello Rondón, 56, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios alias “El Pollo”, 59, ex director de inteligencia militar; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58, ex general de las Fuerzas Armadas venezolanas; Luciano Marín Arango alias “Iván Márquez”, 64, miembro del Secretariado de las FARC, que es el máximo órgano de liderazgo de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, 53, miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC. El caso estaba pendiente ante el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein.

Recompensas ofrecidas en 2020

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, ofrece recompensas de hasta $15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y / o condena de Maduro Moros, hasta $10 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Cabello. Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, y hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Marín Arango.

Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados ​​cada uno de: 

(1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua en prisión; (2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; (3) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una pena máxima de cadena perpetua; y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y artefactos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua. 

Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí sólo con fines informativos, ya que el juez determinará cualquier sentencia de los acusados.

De acuerdo con las acusaciones contenidas en los autos sustitutivo, otras presentaciones judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:

Desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, como líderes y gerentes del Cártel de Los Soles, o «Cartel de los Soles». El nombre del Cartel se refiere a las insignias del sol colocadas en los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. 

Maduro Moros y los otros miembros de ese cártel acusados ​​abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos. El Cártel de Los Soles buscaba no sólo enriquecer a sus miembros, como además aumentar su poder, sino también “inundar” a los Estados Unidos con cocaína,  infligiendo los efectos dañinos y adictivos de la droga en los usuarios estadounidenses.

Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC. A partir de 1999, aproximadamente, mientras las FARC pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles trasladar algunas de las operaciones de la facción narcoterrorista a Venezuela, bajo la protección del Cartel. Posteriormente, las FARC y Cártel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras. Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela en el año. Los envíos marítimos se enviaron al norte, desde la costa de Venezuela, utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se realizaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o pasto, concentradas en el estado Apure. Según el Departmento de Estado de los Estados Unidos, aproximadamente 75 vuelos a los no autorizados sospechosos de actividades de tráfico de drogas ingresaron al espaciéreo hondureño sólo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína «puente aéreo» entre Venezuela y Honduras.

En su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que Cártel de Los Soles proporcione armas de grado militar a las FARC; coordinó las relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó la asistencia de los líderes de las FARC con el objetivo de entrenar a un grupo de milicias no autorizado que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. Este caso está a cargo de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.

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Una acusación revelada el 26 de marzo de 2020, en el Distrito de Columbia, acusa a Vladimir Padrino López, en aquel tiempo, de 56 años, ministro de Defensa de Venezuela. La acusación formal alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Padrino López conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en Estados Unidos. 

Padrino López, quien ostentaba el rango de General de las Fuerzas Armadas venezolanas, poseía la autoridad para interceptar aeronaves, muchas de las cuales están registradas en Estados Unidos, sospechosas de ser utilizadas para traficar drogas desde Venezuela a países de Centroamérica. En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al ejército venezolano a obligar a las aeronaves, presuntamente traficantes, a aterrizar o derribarlas. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves, cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaban sobornos para que transitaran de manera segura el espacio aéreo venezolano. 

El 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Padrino López en su Lista de ciudadanos especialmente designados. De conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y, en general, se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones financieras con él. 

La Oficina de la DEA , del Distrito de Orlando, dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa del Grupo de Trabajo de Lucha contra las Drogas del Crimen Organizado y la Oficina de Operaciones de Ejecución de la División Criminal. El subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh, de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas, de la División Criminal, están procesando el caso.

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Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, instituido presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado a través de una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o presunto recibo de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente casos civiles y penales en Venezuela.  

La demanda alega, por ejemplo, que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors, con un valor estimado de $100 millones dólares, a cambio de un porcentaje personal de las ganancias. De manera similar, la denuncia alega que el imputado recibió sobornos para autorizar la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la petrolera estatal venezolana.

Según la denuncia penal, en o alrededor de octubre de 2014, Moreno Pérez dijo a las autoridades estadounidenses, en una solicitud de visa, que ganaba el equivalente a unos 12.000 dólares al año por su trabajo en Venezuela. De 2012 a 2016, los registros bancarios estadounidenses del acusado muestran aproximadamente $3 millones en entradas a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias en dólares de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Co-Conspirador 1, quien es un ex abogado de defensa criminal, en Venezuela, que controlaba una empresa de medios en Venezuela.

Como se establece en la denuncia penal, los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que de 2012 a 2016, el este gastó aproximadamente $3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó alrededor de $1 millón en un avión privado y un piloto privado; más de $ 600,000 en compras, con tarjeta de crédito o débito, en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluidas decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbour, como Prada y Salvatore Ferragamo); alrededor de $ 50,000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura; y aproximadamente $40,000 en pagos a un director de un concurso de belleza venezolano.

La oficina de campo de HSI en Miami llevó a cabo la investigación. El fiscal federal adjunto Michael N. Berger del distrito sur de Florida está a cargo de la acusación.

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Una acusación de reemplazo separadamente reveló  el 26 de marzo de 2020, en el Distrito Sur de Nueva York, acusando a Tareck Zaidan El Aissami Maddah , 45, vicepresidente de economía de Venezuela, Joselit Ramirez Camacho, 33, superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip) y Samark Lopez Bello, 45, un empresario venezolano, de una serie de delitos relacionados con los esfuerzos para evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.  

La acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en Estados Unidos para brindar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro en 2018, en violación de las sanciones de la OFAC contra Maduro después de que él organizó elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente que encabezaba Cabello Rondón.  

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de El Aissami Maddah.

La oficina local de HSI en Nueva York llevó a cabo la investigación. Este caso está a cargo de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.

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Otras personas acusadas en acusaciones separadas incluyen:

  • Luis Motta Domínguez , en ese tiempo de 67 años, exministro de Energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado de las ganancias en violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en rvinculación con su presunta recepción de sobornos para adjudicar negocios a Corpoelec. a empresas con sede en Estados Unidos;
  • Nestor Reverol Torres , de 55 años, exdirector general de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela y excomandante de la Guardia Nacional de Venezuela y Edylberto José Molina Molina , de 57 años, ex subdirector de la ONA de Venezuela y agregado militar de Venezuela en Alemania, fueron acusados. en el Distrito Este de Nueva York, por su participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos;
  • Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, también conocido como «Mauro» y «Ángel», de 47 años, ex capitán de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en una tercera acusación formal en el Distrito Este de Nueva York, por participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y 1 de diciembre de 2009;
  • Rafael Antonio Villasana Fernández , de 48 años, ex oficial de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009. Según documentos de la corte, Kotosky y Villasana presuntamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína, desde la frontera con Colombia a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela, para su importación final a los Estados Unidos;
  • Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas , en aquel momento de 52 años, exviceministro de Energía de Venezuela, fue acusado en una acusación formal de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas por conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero, que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes; 
  • Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, en aquel momento con 51 años, exoficial de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado en el Distrito de Arizona de violar la Ley de Control de Exportación de Armas. Supuestamente conspiró con otras personas, incluidas personas asociadas con una compañía de aviación en Arizona, para contrabandear desde Estados Unidos a Venezuela motores de aviones militares T-76, utilizando aviones OV-10 Bronco.  Esta acción criminal fue perpetrada con la finalidad de llevar los equipamientos a personas en Venezuela, presuntamente también hizo declaraciones falsas y engañosas sobre el transporte marítimo, documentos de control de exportación para ocultar las actividades y transacciones prohibidas y para evitar la detección del gobierno de los Estados Unidos.
     

Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia. 

La Oficina de Asuntos Internacionales y la Oficina de Operaciones de Cumplimiento de la División de lo Penal brindaron una valiosa ayuda.

El año 2021 marca el 151 aniversario del Departamento de Justicia. 

Para obtener más información sobre la historia de nuestra agencia en  www.Justice.gov/Celebrating150Years .

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